En una jornada que fue comparada con los debates previos a la Declaración de los Derechos Humanos, el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana aprobó a pedido de la Argentina y el G77 más China, por unanimidad, nueve principios fundamentales que deberán ser votados por la Asamblea General en septiembre.

El caso de la batalla de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en representación de los argentinos contra los fondos buitre fue la punta de lanza para avanzar en el debate.

Los principios que el comité estableció son el derecho soberano que tienen los estados a reestructurar su deuda, la inmunidad soberana, el respeto por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración, el tratamiento equitativo, así como la buena fe, transparencia, imparcialidad, legitimidad y sustentabilidad.
 

El nuevo avance en materia de Derecho Internacional fue presentado por los embajadores en Naciones Unidas de la Argentina, María Cristina Perceval, y de Bolivia, Sacha Llorenti, junto con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco y Richard Kozul-Wright, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Bianco calificó la votación como "un hecho histórico" y opinó que "pese a los intentos de boicot que ha habido en la ONU, estamos dando un paso para volver a regularlos mercados y así frenar el avance especulativo y egoísta de los fondos buitre".
 

Perceval también se refirió a las presiones de los países poderosos contra la estrategia de la Argentina. "Decían que no teníamos que debatir en Naciones Unidas estos temas. Y después no nos recibieron muchos organismos internacionales cuando quisimos plantear el problema". En este sentido, Sacha Llorenti, destacó que los 11 países que se negaron a debatir "tienen aproximadamente el 7% de votos en la Asamblea General pero esos mismos que ponían como argumento que el escenario para discutir es el FMI, tienen casi el 40% de las decisiones", por lo que buscan mantener su posición en contra de las reestructuraciones favorables a los países deudores. "Que los organismos internacionales se expresen para que todos podamos saber quiénes están a favor de los pueblos y quiénes de las corporaciones", concluyó Bianco.
 

Uno de los derechos establecidos es a "actuar, a diseñar su política macroeconómica, inclusive la reestructuración de deuda soberana", aunque debe hacerse "como último recurso".  Otro punto a tener en cuenta es el principio de inmunidad soberana "de jurisdicción y de ejecución respecto a reestructuraciones de deuda soberana", lo que "es un derecho de los Estados ante los tribunales". El primero está relacionado con la tendencia a que algunos países y los organismos multilaterales de deuda condicionen las reestructuraciones y las políticas macroeconómicas de los países endeudados, y el segundo garantiza que no se puedan embargar los bienes del país. En este caso, el principio choca contra la decisión de las Cortes de EE UU, que no le garantizaron la inmunidad de jurisdicción a la Argentina.
 

Otro principio importante del documento es el de sostenibilidad, que garantiza que los procesos deben llevar a "una situación estable de deuda, preservando los derechos de los acreedores principales, al tiempo que promuevan crecimiento económico sostenido e incluyente y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos". En consecuencia, el comité reconoció tal y como ha venido sosteniendo la Argentina en la última década, que muchas veces es necesario reestructurar la deuda con una quita importante para garantizar que el país pueda pagar y sostener sus políticas de crecimiento con equidad.
 

Por otro lado, la reestructuración debe ser aceptada por la mayoría especial para ser considerada exitosa. "Una mayoría calificada de los acreedores de un Estado no debe verse afectados, amenazados o impedidos por otros estados o por una minoría de acreedores no representativos, que deben respetar las decisiones mayoritarias", declara el documento. Este principio es el que no cumplieron los fondos buitre, que se negaron a entrar en un canje aceptado por el 93% de los acreedores para litigar y bloquear el pago de aquellos que confiaron en la voluntad de pago de la Argentina.
 

Que una reestructuración sea legítima significa, para el comité, que "las operaciones respeten los requisitos de inclusión y de Estado de Derecho", mientras que para ser imparcial, las partes deben abstenerse de "ejercer cualquier influencia indebida en estos procesos sobre otras partes interesadas, o participar en acciones que podrían dar lugar a conflictos de intereses o a corrupción".
 

La necesidad de buena fe implica que debe haber "constructivas negociaciones de reestructuración de deuda soberana y otras etapas del proceso con el objetivo de lograr un rápido y duradero acuerdo de la sostenibilidad y el servicio de la deuda". Por transparencia, el comité entiende al "intercambio oportuno de los datos y los procesos relacionados con la negociación". Por último, el país debe ser equitativo para "abstenerse de discriminar arbitrariamente entre acreedores".
 

Desde Cancillería elogiaron los resultados del debate. "Este nuevo logro histórico, junto con otros avances que se han dado en el último año en otros foros internacionales y con la adopción de legislaciones "anti-buitres", permitirá limitar a futuro la especulación desenfrenada de los fondos más recalcitrantes del sistema financiero internacional, sentando un precedente global que deberá ser reconocido y respetado en todas las jurisdicciones en donde se entablen litigios en materia de deuda soberana", declaró el organismo, conducido por Héctor Timerman, en un comunicado de prensa.
 

En la sesión, Uruguay habló como representante de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). El embajador Gonzalo Koncke señaló que los países "enfrentan serios riesgos, relacionados con las acciones de los especuladores que procuran tener ganancias excesivas de los países que enfrentan obligaciones de deudas" y aseguró que los principios "contribuirán a las próximas discusiones en la materia que debemos seguir dando en Naciones Unidas".
 

Por su parte, Federico González, embajador de Paraguay, en representación del Mercosur reiteró el "repudio a la actitud y a los pedidos de un pequeño grupo minoritario de detentores de títulos no reestructurados de deuda soberana de la República Argentina, cuya actuación dificulta la obtención dificulta la obtención de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores".  Bianco celebró los avances que han realizado otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional, pero consideró que no bastan. "Hay visiones distintas y lo extraño es que hay un mismo diagnóstico de que esto es un problema y que hay que solucionarlo. Nosotros creemos que la mejor solución está en la ONU", concluyó. 

Este es el comienzo de un extenso debate, en cuyo centro está el caso de los fondos buitre contra la Argentina. Quizás, finalmente, esta sea la historia de un grupo de buitres que quisieron cambiar las decisiones de la Argentina, y finalmente fue este país el que terminó cambiando las leyes internacionales.

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El país debe incorporarlos en la constitución
Este es un primer paso muy importante para un debate más importante sobre las reestructuraciones de deudas soberanas a nivel internacional.
Lo que corresponde es elevarlo a la Asamblea General, cosa que seguramente van a hacer la Argentina y el presidente del Comité Ad hoc, para que luego sean aprobados como principios o como una convención. Dado que estos puntos son muy generales y vagos, van a ser aprobados sin mayor dificultad.

 ¿Quién querría oponerse a cuestiones generales como la inmunidad de los países soberanos, la transparencia o la equidad a los acreedores?
Lo primero que debe hacer la Argentina en cuanto sean aprobados es ratificar esta convención. Una estrategia muy inteligente de la Argentina y los países en desarrollo fue poner el tema de la deuda soberana bajo el rubro de los Derechos Humanos y no del de Comercio.
 

De esta manera, al ratificar estos principios, estos se incorporan a la Constitución, y el próximo presidente, sea quien sea, va a tener que defender al país contra los fondos buitre. Además, los Derechos Humanos son preexistentes respecto de la Constitución, por lo que se podría aplicar al canje de 2005. Finalmente, si la Argentina lo aprueba y lo reglamenta, al menos va a tener asegurada la inmunidad contra los fondos buitres dentro del país.
 

Desde el punto de vista internacional, es claro que los grandes centros financieros, como EEUU, Gran Bretaña, Alemania y Japón, no lo van a ratificar, por lo que es muy difícil creer que va a ser una solución integrar al problema de las deudas soberanas. Pero también es cierto que, hoy por hoy es imposible conseguir el consenso para instaurar un mecanismo para reestructurar las deudas sobernas. Yo hubiera deseado, como muchos otros, algo más, pero esto era lo posible. Y esta posibilidad no es menor.
 

Si bien los países acreedores no lo van a aplicar, esto sirve como una base para seguir avanzando, y además de esa manera se va cercando y se va exponiendo a quienes no quieren cooperar en algunos temas tan sensibles como el de la reestructuración de las deudas en los países en desarrollo. 

Fuente:Agencias