La presidenta de Brasil Dilma Rousseff eligió un reciente viaje a Estados Unidos para deshogarse sobre un tema que evidentemente está cerca de su corazón: su indignación por los "informantes". Los periodistas estaban presionando después de que el CEO de una constructora, Ricardo Pessoa, dijo a los fiscales que investigan hechos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que había realizado pagos ilícitos para la campaña de reelección de Rousseff en 2014.

"No respeto a los informantes", aseguró la mandataria. Ella recordó sus días durante la dictadura militar de Brasil en la década de los sesenta cuando siendo una joven guerrillera marxista fue capturada y torturada para que diera información.
 

La ironía para Rousseff es que la reforma de su gobierno que permitió a los fiscales brasileños usar informantes para luchar contra la corrupción podría ser el mayor legado positivo de su debilitada presidencia.
 

Si esa reforma lleva a una permanente mejora en el estado de derecho, podría algún día hasta ser visto como un logro similar en importancia al de sus dos predecesores inmediatos, los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, que redujo la pobreza, y Fernando Henrique Cardoso, que derrotó a una galopante inflación.
 

Hasta que estalló el caso de Petrobrás a fines del año pasado, los resultados de Rousseff no eran buenos. Después de heredar una economía que había sobrevivido bastante bien a la crisis financiera global, su administración debilitó las finanzas públicas. Se espera una recesión para este año. Sus índices de aprobación se encuentran entre los peores de la historia del país.
 

Pero una diferencia que marca Rousseff es la manera en que abordó el tema de la corrupción endémica que caracteriza a Brasil. En 2011, el primer año de su primer mandato, permitió que a una serie de ministros les cayera encima la espada después de que se supo que habían participado en escándalos de corrupción. En la mayoría de los casos, ella se negó a defenderlos.
 

En 2013 no trató de interferir cuando altos miembros de su propio Partido de los Trabajadores (PT) fueron condenados por organizar un esquema de compra de votos en el Congreso en un escándalo conocido como Mensalão.
 

Después del Mensalão, Rousseff convirtió en ley un proyecto anticorrupción que permite a los investigadores negociar los llamados delação premiadas, que son acuerdos mediante los cuales un sospechoso puede aceptar convertirse en informante a cambio de una rebaja de su condena. 
 

La medida demostró ser un arma de destrucción masiva contra los delitos de corrupción. Desde principios del año pasado, cuando los fiscales iniciaron la investigación del escándalo de Petrobras –donde ex directores de la compañía supuestamente se complotaron con políticos de la coalición gobernante y contratistas para cobrar coimas– fueron acusadas 125 personas y más de 30 han sido condenadas.
 

Se espera que haya mucho más. Están involucrados altos políticos, incluyendo los jefes de ambas cámaras del congreso, aunque todos niegan las acusaciones.

A lo largo de las investigaciones, Rousseff se mostró alguna vez enojada, pero mayormente se interesó por atribuirse el mérito de la guerra contra la corrupción. 

Esto es en parte falso. Si bien ella tiene cierto poder sobre la policía federal, controla poco los tribunales y fiscales de Brasil, que son ferozmente independientes. Ella también encabezó Petrobras y antes fue Ministra de Energía, período durante el cual se produjeron gran parte de los hechos de corrupción. Eso hace que sea poco probable que ella haya alentado activamente las investigaciones.
 

Sin embargo, a diferencia de muchos de sus opositores políticos en el Congreso, no está acusada de haber participado directamente. Por lo tanto, su apoyo a la investigación podría ser una estrategia de supervivencia prudente. Podría terminar siendo la última política de pie una vez asentado el polvo, si bien tiene que pisar con cuidado.

Dada su baja popularidad, el escándalo podría explotarle en la cara.

Independientemente de lo que ocurra, ella todavía puede asegurarse su legado como líder de la presidencia durante la cual Brasil empezó a resolver el problema de la corrupción. Sin embargo, antes debe repensar su retórica sobre los informantes.