Es que el nepotismo -han dicho- es una forma particular del conflicto de intereses y aunque la expresión tiende a ser usada de manera amplia, se aplica estrictamente a una situación en la cual una persona usa su poder público con el fin de obtener un favor, con frecuencia un trabajo, para un miembro de su familia.

Un conflicto de intereses surge cuando una persona, como funcionario o empleado del sector público, es influida por consideraciones personales al realizar su trabajo.

Así, las decisiones son tomadas con base en razones equivocadas. Los conflictos de intereses percibidos, incluso cuando son tomadas las decisiones correctas, pueden ser tan dañinos para la reputación de una organización y erosionar la confianza pública, como un conflicto de intereses realmente existente.

En el sector público, sin embargo, esto significa que el candidato más apto no obtiene un cargo o un ascenso, y, como consecuencia, el público en su conjunto es afectado, sin mencionar a la persona que, de no haber habido nepotismo, hubiera ganado el puesto. El nepotismo puede ocasionar conflictos en términos de lealtades dentro de una organización, particularmente cuando un pariente se ubica en una posición de supervisión directa sobre otro. Es poco probable que los compañeros de trabajo se sientan cómodos con tal situación, que debe ser evitada.

Organizaciones dedicadas a la transparencia institucional, han sostenido que ninguna persona con vínculo de padre, madre, hermano, hermana, tío, tía, esposo, esposa, hijo, hija, yerno, nuera, sobrino o sobrina puede ser ubicado en una relación directa de supervisión-subordinación.

Todos estos principios califican la conducta de los funcionarios que queriendo justificar lo injustificable, pretenden diluir su conducta disvaliosa intentando generalizaciones inadmisibles. En defensa de estas transgresiones se dice que es frecuente "en la mayoría de los tribunales y oficinas públicas del país encontrar a los hijos y parientes más cercanos al cuarto grado de parentesco -que existe como limitación- de los jueces y otros miembros de la función pública prestando servicios en oficinas muy cercanas a donde se desempeña su familiar o intercambiados los parientes de uno, en la oficina del otro y así sucesivamente y naturalmente".

Los intentos por convertir al nepotismo en una costumbre generalizada, no encuentran fundamento ético, reglamentario o legal. Y aún cuando hubiere casos similares, ellos indican una patología y no la conducta debida.

Desde un punto de vista ético, ninguna conducta justa, prudente o equilibrada surge de las designaciones de parientes o allegados del funcionario, muchas veces sin los antecedentes elementales. Para quienes aspiran legítimamente a esas funciones, la sensación de frustración, de injusticia que conlleva el privilegio abusivo, no es cuestión que resienta sólo a los interesados: rompe con prácticas justas y razonables y -lo que es más grave- corroe el fundamento de la autoridad de los propios funcionarios, de su ecuanimidad y ponderación, de su sentido de la equidad, haciendo de lo arbitrario la norma.

La arbitrariedad en los sistemas de designación y promoción, favoreciendo situaciones personales de los familiares, es un error en sí mismo, y resiente de un modo irreversible la imagen de quien ejerce la autoridad.

Si el funcionario utilizó discrecionalmente y en forma abusiva el poder que, por su condición, le confiere la potestad administrativa de gerenciamiento de los recursos humanos del organismo a su cargo con la finalidad de beneficiar a sus parientes y allegados, no puede salir indemne, y debe asumir sus responsabilidades reglamentarias, jurídicas y políticas.

Fuente:FMFleming  -Foto La Nación en la web