Así lo confirmó en horas de la noche la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana. La portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera, explicó a periodistas que todavía no se sabe cuándo es que la misma se pueda "hacer efectiva".

Según la ley guatemalteca, las órdenes de captura no se pueden ejecutar antes de las 06:00 hora local (12:00 GMT) ni después de las 18:00 hora local (00:00 GMT).

Y el abogado de Pérez Molina ya dijo que el mandatario se presentará de forma voluntaria en los tribunales en horas de la mañana, con el fin de evitar su arresto.

Según las normas del país centroamericano, si al final de la audiencia se dispone la detención preventiva del mandatario este tendría que ser suspendido de sus funciones, las que pasarían a ser asumidas por el vicepresidente.

Pero le corresponderá al juez Miguel Ángel Gálvez, quien lleva la causa, ordenarlo.

Los delitos por los que la Fiscalía requiere a Pérez Molina son: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, los mismos por los que su exvicepresidenta Roxana Baldetti fue encarcelada.

Pérez Molina siempre ha protestado su inocencia y negado cualquier vinculación con la red de corrupción, conocida localmente como "La Línea".

El general retirado acudió incluso a la Corte Constitucional guatemalteca para pedir que su juicio quede sin efecto a través de dos amparos.

Los cinco altos magistrados de dicha instancia, sin embargo, rechazaron los recursos.

Votación histórica

ta imagen del 14 de agosto se ve al exmandatario junto al vicepresidente, Alejandro Maldonado, quien se prevé asumirá las funciones presidenciales.

El martes, con el voto de 132 diputados, de los 105 necesarios, Pérez Molina se quedó sin inmunidad —la primera vez que un presidente guatemalteco sufre esa situación.

Esa votación despejó el camino para que el mandatario de 64 años enfrente la justicia.

Apenas dos horas después de haber sido desaforado, el juez Gálvez otorgó medida de arraigo solicitada por el Ministerio Público (MP) para evitar su salida del país. Eso abrió la posibilidad de que se le dictara una orden de arresto.

La fiscal general había indicado que luego de haberse retirado la inmunidad "el presidente será sometido a los tribunales del país, como un ciudadano ordinario".

"Nunca imaginé y nunca hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin embargo, la evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud", aseveró.

El presidente fue acusado el 21 de agosto por la fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo avalado por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El comisionado Iván Velásquez aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a "el uno" y "la dos", que corresponderían a la participación de Pérez Molina y de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

En la mañana del jueves, decenas de personas salieron a celebrar el anuncio de la renuncia del presidente Pérez Molina.

"Niego en forma terminante los señalamientos de haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera", dijo sin embargo el mandatario.

"Mi conciencia en ese sentido, está tranquila. Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala", prometió.

Pérez Molina también le pidió perdón a los guatemaltecos, porque "no puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé".

La Línea

En abril, funcionarios judiciales y el organismo avalado por la ONU desmantelaron una estructura criminal que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos de aduana.

nunció a inicios de mayo en medio del escándalo de La Línea.

La red estaba presuntamente liderada por el ex secretario privado de la exvicepresidenta Baldetti, quien a inicios de mayo presentó su renuncia por "motivos personales".

La red de corrupción "La Línea" operaba desde hacía al menos un año, han asegurado los investigadores, y tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco.

"Uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”, señaló Velásquez.

Manifestantes a las afueras del Palacio presidencial en la madrugada del jueves, poco después de conocerse la renuncia del mandatario.

Aunque no se conoce el monto total de lo defraudado, en dos semanas un miembro del grupo delictivo fue capaz de recaudar 2,5 millones de quetzales (unos US$330.000), de acuerdo a la pesquisa oficial.