La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York impidió a un grupo de acreedores con deuda argentina en default cobrar sus reclamos de los fondos congelados en cuentas del Bank of New York (BONY). El fallo, que ratifica una decisión del juez de primera instancia Thomas Griesa, reconoce que el dinero retenido desde hace un año y tres meses pertenece a los bonistas que participaron del canje, pero mantiene el bloqueo sobre esos pagos.

El tribunal de alzada rechazó la apelación de un grupo de demandantes europeos con títulos en default –entre ellos, fondos de inversión– encabezados por la acreedora María Lauretta Dussault. Este grupo de holdouts con sentencias a su favor había reclamado a Griesa cobrarse su deuda judicializada de los u$s 539 millones que están depositados en cuentas del BONY alojadas en Buenos Aires desde el 30 de junio de 2014. Griesa rechazó el pedido el 27 de octubre de 2014 y la Corte de Apelaciones ratificó esa decisión.

Se trata de un grupo de acreedores distinto al que encabezan NML, Aurelius y otros fondos, que ganaron una sentencia de "pari passu" por u$s 1330 millones más intereses (unos u$s 1800 millones en la actualidad), por la cual Griesa dispuso congelar los pagos del canje de deuda que se efectuaban a través del BONY. Griesa había ordenado que Argentina no podía continuar con sus pagos de deuda externa hasta tanto no saldara ese fallo.

La Corte de Apelaciones ratificó la orden de Griesa contra Dussault y otros. El juez había dictaminado que no puede disponerse del dinero depositado en Buenos Aires porque eso infringiría la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, pero había aceptado que Dussault tuviera intereses en esos fondos.

El tribunal de alzada, sin embargo, fue mucho más allá que Griesa y sus argumentos fueron celebrados en Buenos Aires.

En primer lugar, sostuvo que el demandado (Argentina) "no tiene derecho a la posesión de los activos custodiados" por el BONY, por lo que el demandante no puede cobrarse de esos activos que no son del país. Como recuerda el tribunal de Apelaciones, Griesa ordenó al BONY retener el dinero "a la espera de otra orden de la Corte", pero no definió que ese dinero fuera de NML y los otros litigantes.

En segunda instancia, prosiguió la Corte, "los derechos de los apelantes (los demandantes) a la propiedad no son "superiores" a los derechos del BNY (por el BONY)".

Y, al pasar, la Corte de Apelaciones dijo que que el BONY tiene el dinero "en beneficio de los bonistas del canje". En otras palabras, la Corte aceptó que ese dinero retenido es propiedad de los inversores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Ese el principal argumento del país para rechazar que la deuda reestructurada esté en default porque, como repiten los funcionarios "Argentina ya pagó".

"En su fallo, la Corte de Apelaciones, coincidiendo con los argumentos de la República, manifestó que la Argentina no posee ningún interés sobre los fondos allí depositados. Y si bien estos fondos aún permanecen ‘congelados’ por las órdenes pari passu, el Segundo Circuito reconoció que son propiedad de los bonistas reestructurados, por lo que no pueden ser atacados por los fondos buitre", celebró el Ministerio de Economía de Axel Kicillof en un comunicado.

A esa misma conclusión llegó un diplomático que sigue con atención el caso y pidió no ser mencionado.
Un abogado experto en la materia, sin embargo, advirtió que no será fácil para los acreedores del canje cobrar a partir de esta orden, ya que hasta el momento ni Griesa ni otros jueces, incluso británicos, les permitieron hacerse del efectivo.

El pago del 30 de junio fue el último que hizo Argentina con el BONY como agente fiduciario. A partir de entonces, el país cambió unilateralmente las condiciones de pago y depositó los vencimientos en cuentas del Banco Nación, lo que podría interpretarse como una violación de contrato.