El texto aprobado sostiene ahora que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas”.

Asimismo se aclara para que no queden dudas que “los estudios de grado en las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”. La nueva legislación prohibe a las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal “suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.

En sus fundamentos, la modificación de la normativa apunta que “la vigente ley 24.521, de Educación Superior, deja abierta la posibilidad de arancelar los estudios de grado académico y restringir el acceso vía exámenes eliminatorios de ingreso”.

Esto se da tanto “en su letra al no prohibir explícitamente la posibilidad de cobrar un arancel a los estudiantes de Licenciatura, Profesorados u otros títulos profesionales al tiempo que propicia mecanismos de exclusión eliminatoria”, como así también “en el espíritu total del Sistema que estatuye y conforma”.

La diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria), impulsora del proyecto, explicó a Télam que “la ley menemista [de 1995] creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena”.

“Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos”, agregó Puiggrós.

En 2013 se le había dado media sanción en Diputados. En aquella sesión el único bloque que se opuso fue el PRO que contaba entre sus filas con Gabriela Michetti (actual candidata a vicepresidenta de Mauricio Macri) y Alfonso Prat Gay, entre otros.

“Hace 15 días el PRO ya había adelantado que tampoco iba a acompañar el proyecto en el Senado pero ahora que modificaron su discurso tuvieron que votar a favor, aunque Michetti directamente se fue del recinto para no votarlo”, subrayó Puiggrós.

La aprobación del proyecto fue celebrada por gremios docentes y estudiantiles que desde hace años venían exigiendo que se modifique la ley aprobada durante el neoliberalismo.

El gremio Ctera manifestó que se trata de una medida “que frena el avance de las tendencias privatizadoras de la educación” y festejó que “hoy podemos decir ´es ley´ la gratuidad de la Educación Superior”.

Por su parte, la Corriente Universitaria La Mella, que actualmente preside la Federación Universitaria de Buenos Aires y la Federación Universitaria de La Plata, señaló que “es una conquista histórica que demuestra una vez más que la historia es nuestra y la escriben los pueblos. Conquista que nos deja en mejores condiciones para luchar por derogar la Ley de Educación Superior y construir una Universidad para el pueblo”.

“La aprobación de la ley de gratuidad es sin duda un avance importantísimo en la construcción de una Universidad realmente Pública e inclusiva, por eso festejamos con ímpetu lo sucedido”, añadieron.