Pocos minutos antes de terminar su gestión, y por pedido expreso de Cristina Kirchner, Carlos Tomada firmó una resolución que le otorga la "personería social" a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una entidad que agrupa a precarizados (cartoneros, vendedores ambulantes, campesinos, costureros, motoqueros, cooperativistas, artesanos y obreros de empresas recuperadas) y que venía reclamando que los trabajadores informales tuvieran los mismos derechos que los formales. De esa forma, se argumentaba, podrían acceder al salario mínimo, obra social, vacaciones pagas, licencias, ayuda escolar y pago de asignaciones familiares.

El entonces ministro de Trabajo de la Nación se resistía a darle a la CTEP la personería gremial, que la habría habilitado a tener los mismos privilegios que los sindicatos, en sintonía con la preocupación de los dirigentes gremiales tradicionales, que ven en la legalización de los trabajadores precarizados la posibilidad de que les quitaran posibles afiliados a sus organizaciones y aportantes al sistema de seguridad social.

Una de las caras visibles de la CTEP es Juan Grabois, uno de los dirigentes que organizó a los cartoneros en Capital y que estaría apadrinado por el papa Francisco, otro de los motivos por los cuales algunos sectores del kirchnerismo se resistían a darle lo que quería a aquella central: temían que, alentados por Jorge Bergoglio, se escondiera la intención de disputarles el control de la calle y el manejo de los trabajadores informales a través de los subsidios estatales. También integran la CTEP organizaciones kirchneristas como el Movimiento Evita, dirigido por Emilio Pérsico, y otras de sesgo opositor como Marea Popular y el Frente Darío Santillán.

La CTEP volvió a acampar ante el Ministerio de Trabajo a principios de este mes para insistir en su pedido de reconocimiento, en una protesta que incluyó ataques violentos contra el edificio. Tomada no tenía previsto otorgarles lo que reclamaban, pero tuvo que hacerlo por presión de Cristina Kirchner: por eso terminó de redactar y de firmar la resolución que beneficia a los precarizados cerca de las 23 del día en que vencía en mandato del Gobierno saliente.

La resolución 1727 crea la "personería social", que no es la personería gremial que se otorga a los sindicatos que agrupan a trabajadores en relación de dependencia, y le brinda a la CTEP un "reconocimiento institucional, no sindical". Según allegados a Tomada, la medida sólo crea un registro de organizaciones sociales de la economía popular, desde donde se podrán proponer esquemas para que sus miembros puedan acceder a los beneficios del sistema de seguridad social.

Para Grabois, los alcances de la resolución son mucho más concretos que la "personería social" le permitirá la CTEP negociar sus propios convenios colectivos, crear y administrar su obra social, promover el ingreso de sus representados en el sistema provisional y permitir que en los casos de conflictos en el sector informal intervenga el Ministerio de Trabajo. Otro posible foco de tensión para el flamante presidente Mauricio Macri.

Fuente:Ricardo Carpena