Valls, en un discurso ante los interlocutores sociales, señaló que se trata de "un nuevo comienzo" e insistió en que su Ejecutivo aprovechó el plazo adicional que se había dado ante las voces de rechazo, luego de que más de 200.000 personas marcharan contra el proyecto en todo el país, la semana pasada.
"Mejor escuchar a todo el mundo que empecinarse", señaló Valls en una entrevista al canal de televisión "France 2" horas después de haber presentado a los sindicatos, patronal y asociación de estudiantes el nuevo anteproyecto de ley, que incorpora algunas modificaciones sustanciales.

 A la vista de las primeras reacciones, con las concesiones que contiene el proyecto de ley, el gobierno socialista logró que los sindicatos considerados "reformistas" cambiaran su oposición y anunciaran que van a examinar el texto en detalle y consultar con sus bases en los próximos días.

El principal de todos ellos es la Confederación Francesa de Trabajadores (CDFT), cuyo secretario general, Laurent Berger, subrayó "los avances conseguidos" porque se ha pasado de "un proyecto que era desequilibrado" a otro que "puede ser beneficioso para los jóvenes y para los trabajadores".

Sin embargo, queda otro frente sindical, liderado por la Confederación General del Trabajo (CGT), Fuerza Obrera (FO) y la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), que estimó "marginales" las novedades aportadas este lunes, y que mantiene el calendario de nuevas movilizaciones, en particular la huelga general del 31 de marzo.

La principal de esas concesiones es la renuncia a establecer un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por "un esquema indicativo" (de tres a 15 meses de salario, según la antigüedad) que servirá de referencia para los jueces de lo social, informó la agencia de noticias EFE.

Valls también dio marcha atrás parcial en otra exigencia de la CFDT sobre las causas que podrán esgrimir las empresas para proceder a despidos económicos, entre los que se incluyen la caída de ingresos o una pérdida de explotación.

Como los sindicatos temían que las grandes corporaciones usaran artificios contables para forzar pérdidas en sus filiales francesas y poder así despedir, el gobierno dejará que sean los jueces los que establezcan si ha habido una voluntad de falsear las cuentas.

"Los grandes grupos no podrán provocar artificialmente dificultades económicas en su implantación francesa para justificar un despido sin ser sancionados", aseguró el primer ministro.

Para los menores de 25 años, la principal novedad es la universalización desde 2017 de la llamada "garantía jóvenes", de forma que de los alrededor de 50.000 beneficiarios actuales del subsidio acompañado de una propuesta de formación se pasará a 900.000.

Además, la llamada cuenta personal de actividad (CPA), que ya aparecía en el anteproyecto de ley para reunir los derechos del trabajador a lo largo de su vida laboral, se ve ampliada, sobre todo para los jóvenes y los menos cualificados.

El presidente de la principal organización patronal, Medef, Pierre Gattaz, dijo estar "decepcionado" por las modificaciones, pero en cualquier caso lanzó un llamamiento para que "los reformistas de izquierdas y de derechas asuman sus responsabilidades" y "no se desnaturalice más" la reforma.

Valls se felicitó por las primeras reacciones y dijo que el proyecto que debe adoptarse en la reunión de gabinete del próximo día 24, antes de empezar su tramitación parlamentaria en abril, "es la prueba de que Francia puede transformarse sin fracturarse" y de que el país "es capaz de avanzar".