La expresión "hablen con Julio" no fue solo una de las frases internas más paradigmáticas del kirchnerismo: nunca un ministro en casi 35 años de democracia acumuló tanto poder real como el arquitecto De Vido. Como cabeza de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, De Vido supo administrar la que fue probablemente la mayor caja del Estado Nacional durante doce años.
Solo para 2014, por ejemplo, el Ministerio de Planificación contó con más de 23 mil millones de pesos de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Congreso, casi la mitad de la plata nacional para obra pública. Distribuir esa caja, por otra parte, no era fácil. Para hacerlo, De Vido contó con "diagonales" perfectamente amparadas por la ley. Durante años, Planificación utilizó el esquema de convenios-marco con universidades públicas, aliadas en retórica y operativa al poder K, que mediante decretos firmados por Cristina Kirchner, como el 893/12 o el 1023/01, permitía contrataciones directas bajo el paraguas de los pactos ministeriales. Una ventana ideal para, acaso, favorecer a amigos y partidarios.
Esto creó un nuevo frente de tormenta en Comodoro Py. Las primeras revelaciones de Infobaellevaron al fiscal Marijuán a iniciar una investigación preliminar sobre el flujo de dinero a facultades estatales. Marijuán busca saber sobre la existencia de una administración fraudulenta y una defraudación al Estado en el manejo de fondos públicos. Intentará determinar si hubo desvíos ilícitos por obras inexistentes, subejecutadas o sobrevaluadas e irá tras los destinos exactos de los fondos. De todo este esquema, quedó un rastro de papeles. De Vido siguió alimentándolo casi hasta el final.
El 30 de octubre del año pasado, cuando la llegada del macrismo al poder era una hipótesis secundaria, el expediente 718 de la Universidad Nacional de José C. Paz al que accedióInfobae marcó un nuevo convenio entre la institución y la cartera de Planificación, a través de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Universitaria.
Pero el dinero del convenio mismo no vendría de Planificación, sino de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, hoy presidida por el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. No sorprende la mención: con la CAF, De Vido había sostenido una relación fluida durante años. "Edificio Aulario y Comedor Universitario" era el fin del proyecto, no en su comienzo sino en su "Etapa II", con una "Comisión Evaluadora que intervendrá en el mismo", dice el expediente de la UNPAZ. El monto: "$49,8 millones de pesos", siendo "el tope para las cotizaciones de los oferentes". El documento cuenta con la firma del rector de la UNPAZ, el abogado Federico Gastón Thea.
Señalado como el cerebro jurídico de Axel Kicillof mientras era jefe del Ministerio de Economía, Thea, secretario de Legal y Técnica de la cartera, fue parte de las misiones para negociar con los fondos buitres. Llegó a la UNPAZ al frente de una lista kirchnerista: ganó el cargo, según medios de la localidad bonaerense, con el 90% de los votos. Le agradeció en su discurso al caudillo local Mario Ishii, identificado con los liderazgos cíclicos del peronismo oficialista. El edificio de la UNPAZ hoy lleva su nombre. Este medio buscó saber qué pasó con los $49,8 millones de pesos de Planificación, quién respondió a la licitación, qué montos fueron asignados. No hubo ninguna respuesta tras contactar a Thea mediante su secretaria privada en la Universidad.
Este no es el único caso; la norma suele ir más allá de meramente hacer edificios. El expediente interno de Planificación 127708/2014 pidió a la Universidad de San Martín, designada como co-contratante, "efectuar un proyecto de desarrollo de stands incluyendo contenido a exponer y recursos a utilizar para los espacios ocupados por los organismos vinculados al Ministerio" en Tecnópolis bajo la modalidad de "contratación directa con universidades nacionales" para "divulgar la labor" de la cartera a cargo de De Vido. Se designaron cuatro cuotas paulatinas "contra la presentación de la factura correspondiente". En total, 30 millones de pesos.
Otros 214 millones salieron de Planificación para financiar al Centro Cultural Kirchner con la Universidad de Tres de Febrero como virtual válvula contable tras un convenio de 22 cláusulas rubricado a fines de 2014. Por su parte en el convenio, se pactó que la UNTREF percibiera en concepto de "gastos administrativos" el 10 por ciento de todo el dinero involucrado: $21,4 millones de pesos, lo que formó para la institución liderada por Aníbal Jozami y el vicerrector Martín Kaufmann una caja mayor a la asignada por el Presupuesto Nacional.
Hoy, todo esto está frenado. Los diversos problemas del ex superministro De Vido en Comodoro Py no ocurren en un vacío. Una fuente en una de las universidades más beneficiadas por el esquema de convenios asegura: "Ya no se pica una factura de ministerio más". El decreto 336, firmado en febrero de este año por Mauricio Macri, congeló los convenios entre el Estado y las universidades nacionales, incluso las privadas "cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016", un requerimiento que debía hacerse expresamente ante el Jefe de Gabinete. El DNU ordenó crear un "Registro de Convenios" en el Ministerio de Educación y la intervención del Ministerio de Modernización en los convenios que sigan en pie.
El jefe de la cartera, Andrés Ibarra, ya había anunciado antes de la publicación del DNU que se anularían "los convenios injustificados", algo que muchos criticaron como una máscara administrativa para justificar despidos administrativos. Hoy, el problema es precisamente la última capa de los convenios: los contratos. Una alta fuente en Modernización revela que hay 13 mil contratos identificados hasta el momento dentro de convenios, de un promedio de 20 mil pesos cada uno. Tres mil de ellos ya fueron dados de baja. "Los convenios servían para tercerizar el trabajo de los ministerios, entre otras cosas. En los contratos veías gente que cobraba y no iba a trabajar, gente que cobraba por ser militante, que hay un número significativo, o duplicación de tareas. Es una caja negra de la que nos vamos enterando cosas nuevas cada día. Planificación, sí, es lo más grande", apunta la fuente.
Ahora ¿quién supervisaba todo? ¿Quién se encargaba de controlarlo desde el Estado? El poder fáctico podía blindar a De Vido, pero las universidades podían ser un nexo más permeable. Las auditorías de la AGN en la UNTREF, por ejemplo, fueron algo escasas. El decreto 336 establece que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, para que realice "una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal" contratadas en los últimos cuatro meses del kirchnerismo.
Martín Kaufmann, vicerrector de la UNTREF, sostuvo en un encuentro con Infobae que el control lo realizaba "la SIGEN, que audita a las universidades, así como los mismos organismos que nos contratan". Kaufmann siguió: "Tenemos un representante de la SIGEN en la Universidad que controla los convenios". Sin embargo, ante repetidas consultas ante la SIGEN para corroborar qué controles se realizaban en la Universidad de Tres de Febrero así como en otras facultades alineadas con el oficialismo, la Sindicatura no ofreció ninguna respuesta.
(Investigación realizada con la colaboración de Andrés Ballesteros)
Fuente:Por Federico Fahsbender
Pero el dinero del convenio mismo no vendría de Planificación, sino de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, hoy presidida por el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. No sorprende la mención: con la CAF, De Vido había sostenido una relación fluida durante años. "Edificio Aulario y Comedor Universitario" era el fin del proyecto, no en su comienzo sino en su "Etapa II", con una "Comisión Evaluadora que intervendrá en el mismo", dice el expediente de la UNPAZ. El monto: "$49,8 millones de pesos", siendo "el tope para las cotizaciones de los oferentes". El documento cuenta con la firma del rector de la UNPAZ, el abogado Federico Gastón Thea.
Señalado como el cerebro jurídico de Axel Kicillof mientras era jefe del Ministerio de Economía, Thea, secretario de Legal y Técnica de la cartera, fue parte de las misiones para negociar con los fondos buitres. Llegó a la UNPAZ al frente de una lista kirchnerista: ganó el cargo, según medios de la localidad bonaerense, con el 90% de los votos. Le agradeció en su discurso al caudillo local Mario Ishii, identificado con los liderazgos cíclicos del peronismo oficialista. El edificio de la UNPAZ hoy lleva su nombre. Este medio buscó saber qué pasó con los $49,8 millones de pesos de Planificación, quién respondió a la licitación, qué montos fueron asignados. No hubo ninguna respuesta tras contactar a Thea mediante su secretaria privada en la Universidad.
Este no es el único caso; la norma suele ir más allá de meramente hacer edificios. El expediente interno de Planificación 127708/2014 pidió a la Universidad de San Martín, designada como co-contratante, "efectuar un proyecto de desarrollo de stands incluyendo contenido a exponer y recursos a utilizar para los espacios ocupados por los organismos vinculados al Ministerio" en Tecnópolis bajo la modalidad de "contratación directa con universidades nacionales" para "divulgar la labor" de la cartera a cargo de De Vido. Se designaron cuatro cuotas paulatinas "contra la presentación de la factura correspondiente". En total, 30 millones de pesos.
Otros 214 millones salieron de Planificación para financiar al Centro Cultural Kirchner con la Universidad de Tres de Febrero como virtual válvula contable tras un convenio de 22 cláusulas rubricado a fines de 2014. Por su parte en el convenio, se pactó que la UNTREF percibiera en concepto de "gastos administrativos" el 10 por ciento de todo el dinero involucrado: $21,4 millones de pesos, lo que formó para la institución liderada por Aníbal Jozami y el vicerrector Martín Kaufmann una caja mayor a la asignada por el Presupuesto Nacional.
Todos juegan
No fue el único ministerio que inyectó fondos en la UNTREF. La cartera de Alicia Kirchner también aportó con fuerza en el año final del gobierno del Frente para la Victoria. Un convenio suscripto en julio de 2015 entre la UNTREF y Desarrollo Social pactó una transferencia de fondos por $31 millones de pesos para diversas actividades como el Plan Progresar: la Universidad se quedaría con un 5%, de acuerdo con el expediente interno 1062/15, que expresamente marca que la UNTREF deberá presentar "una rendición de cuentas" ante la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional de la cartera del Ministerio. Otro convenio con Desarrollo Social con fecha del 24 de febrero del año pasado marcó otros $31,5 millones con otros $1,5 millones al tesoro de la UNTREF para "fomentar experiencias de desarrollo juvenil". Los actores kirchneristas también tuvieron su lugar. SAGAI, con Pablo Echarri como protesorero, fue incluida en un convenio junto a Argentores y la Sociedad Argentina de Actores. Esto figura en una adenda que consta en los registros de la Universidad para un convenio del 28 de junio de 2015 entre Desarrollo Social y la UNTREF por el plan "Argentina Creativa", que indica más de $36 millones de pesos, sin aclarar honorarios para la Universidad.
Hoy, todo esto está frenado. Los diversos problemas del ex superministro De Vido en Comodoro Py no ocurren en un vacío. Una fuente en una de las universidades más beneficiadas por el esquema de convenios asegura: "Ya no se pica una factura de ministerio más". El decreto 336, firmado en febrero de este año por Mauricio Macri, congeló los convenios entre el Estado y las universidades nacionales, incluso las privadas "cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016", un requerimiento que debía hacerse expresamente ante el Jefe de Gabinete. El DNU ordenó crear un "Registro de Convenios" en el Ministerio de Educación y la intervención del Ministerio de Modernización en los convenios que sigan en pie.
El jefe de la cartera, Andrés Ibarra, ya había anunciado antes de la publicación del DNU que se anularían "los convenios injustificados", algo que muchos criticaron como una máscara administrativa para justificar despidos administrativos. Hoy, el problema es precisamente la última capa de los convenios: los contratos. Una alta fuente en Modernización revela que hay 13 mil contratos identificados hasta el momento dentro de convenios, de un promedio de 20 mil pesos cada uno. Tres mil de ellos ya fueron dados de baja. "Los convenios servían para tercerizar el trabajo de los ministerios, entre otras cosas. En los contratos veías gente que cobraba y no iba a trabajar, gente que cobraba por ser militante, que hay un número significativo, o duplicación de tareas. Es una caja negra de la que nos vamos enterando cosas nuevas cada día. Planificación, sí, es lo más grande", apunta la fuente.
El pequeño Hollywood kirchnerista
La Universidad de San Martín tiene su parte con una gran porción de la creación de contenido audiovisual. El expediente 309814/2015 comisiona a la UNSAM tres proyectos al menos ambiciosos: dos series animadas de cuarenta capítulos cada una, de trece minutos cada uno y una película de ochenta minutos. La Unidad Operativa era el lugar para presentar la propuesta técnico-económica, mediante la modalidad de "compra abierta". El blog Eliminando Variables ya había revelado el expediente 308987/2015 para crear con la UNSAM una novela de sesenta capítulos de 48 minutos, llamada "La Fuerza del Amor", así como "Bruna Pereyra", otra telenovela de épica kirchnerista en trece capítulos de 52 minutos, la historia de una mujer desde 2003 hasta 2015 que contempla "los distintos avances en derechos sociales, infraestructura y calidad de vida" e incluso tres temporadas de otra serie, "Donde la palabra calla", de contenido inspiracional para adultos en crisis. El expediente 44156/2015 licitó a la UNSAM para tres series: un policial, un drama y una comedia. No termina ahí: otro expediente con siete proyectos incluyó series infantiles e históricas, más una serie de microdocumentales dedicados a glorificar las obras de Planificación como la represa Néstor Kirchner en Santa Cruz y, previsiblemente, el CCK mismo. También, una serie "de aventuras" de ocho capítulos sobre la primera colonia que existió en las Islas Malvinas entre 1829 y 1833, con la idea de rodar "una historia entretenida para toda la familia". La presentación de cotización cerraba el 25 de abril del 2015.
Ahora ¿quién supervisaba todo? ¿Quién se encargaba de controlarlo desde el Estado? El poder fáctico podía blindar a De Vido, pero las universidades podían ser un nexo más permeable. Las auditorías de la AGN en la UNTREF, por ejemplo, fueron algo escasas. El decreto 336 establece que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, para que realice "una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal" contratadas en los últimos cuatro meses del kirchnerismo.
Martín Kaufmann, vicerrector de la UNTREF, sostuvo en un encuentro con Infobae que el control lo realizaba "la SIGEN, que audita a las universidades, así como los mismos organismos que nos contratan". Kaufmann siguió: "Tenemos un representante de la SIGEN en la Universidad que controla los convenios". Sin embargo, ante repetidas consultas ante la SIGEN para corroborar qué controles se realizaban en la Universidad de Tres de Febrero así como en otras facultades alineadas con el oficialismo, la Sindicatura no ofreció ninguna respuesta.
(Investigación realizada con la colaboración de Andrés Ballesteros)
Fuente:Por Federico Fahsbender
