Leandro Báez acusa a Casanello de utilizar para el procesamiento de su padre y su hermano fragmentos de la declaración de Leonardo Fariña pero no tiene en cuenta otros que apuntarían a quien estaba ejerciendo el Poder Ejecutivo de la Nación en ese momento, es decir, Cristina Elisabet Kirchner.

Destaca además, que a lo largo de la investigación se ha hablado en incontables veces de "sobreprecios de obra pública" y de "adelantos financieros" y sin embargo los funcionarios que los aprobaban y que hacían los pagos no fueron citados y ni siquiera investigados por Casanello.

Asimismo afirma que existe una gran cantidad de pruebas en la causa por un supuesto delito que sería de imposible cumplimiento sin la participación de una gran cantidad de entes estatales que hasta ahora el juez no ha investigado.
En ese sentido, menciona que el único que ha sido citado para prestar declaración indagatoria esRicardo Echegaray pero el juez no profundizó la investigación hacia la responsabilidad que pudo haber tenido el ex titular de la AFIP.

En la recusación a Casanello el menor de los Báez afirma que surge con claridad que el Juez no investiga quién era el último beneficiario del dinero o hacia dónde iba. Sólo intenta probar cómo se blanqueó el dinero pero, en ningún momento, dirige la investigación para saber a quién realmente pertenecía.

También menciona Leandro Báez que Casanello utilizó como prueba el hecho de un viaje del jefe de la DGI a Río Gallegos en un avión de Lázaro Báez y llamadas entre el empresario y funcionarios. No obstante, no analizó las llamadas, no citó a declarar a los funcionarios nombrados y tampoco profundizó la investigación en ese sentido.

Por si esto no fuera suficiente, en el escrito presentado hoy, se citan declaraciones públicas del juez Sebastián Casanello en las que expresó que Cristina Elisabet Kirchner no estaba involucrada en el expediente y que tampoco iba a ser citada como testigo.

Leandro y Luciana Báez están convencidos que su padre fue entregado para salvar a los Kirchner. Creen que los abogados de Lázaro y Martín Báez fueron puestos por la ex Presidente quien supervisaría la estrategia de los defensores para evitar que la Justicia avance sobre ella y su hijo Máximo.

Fuente:Agencias