En el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano se definirá el futuro de una de las medidas más cuestionadas del Gobierno nacional en su primer semestre de gestión: la suba de tarifas de luz y gas, que superaron hasta el 700% y que tras dos fallos de alcance nacional dictados por la Cámara Federal de La Plata el jueves de la semana pasada quedaron suspendidas. 

Se espera que mañana la Corte Suprema de Justicia haga lugar a uno de los per saltum radicados allí por el Ejecutivo y, posteriormente, le sugiera cumplimentar una serie de requisitos procesales o bien le solicite informes. Aunque, en paralelo, la atención pasará por cómo seguirá el camino judicial del fallo platense, que el Gobierno apelará ante el máximo tribunal mediante un recurso extraordinario y que podría tener una resolución después de la feria judicial de invierno, es decir, a principios de agosto. 

"Si se pidió el per saltum es porque existió un guiño", reveló a El Cronista una fuente judicial de peso en relación al futuro del reclamo oficial. En el Ejecutivo están convencidos de que la Corte, aun en un fallo con matices, avalará la política tarifaria del Ministerio de Energía. Pero preocupa el "mientras tanto". El primer día hábil posterior a los festejos por el Bicentenario comenzará con los aumentos de servicios frenados por decisión judicial, y por eso bien temprano ingresará al tribunal de alzada provincial la apelación a través de un recurso extraordinario ante la Corte. 

Según pudo saber este diario, el recurso será concedido, aunque resta saber si los camaristas lo harán con carácter "suspensivo" o "devolutivo", es decir, si las tarifas mantienen los aumentos o si se retrotraen los precios a antes del 1º de abril. El expediente, remarcaron fuentes de la justicia bonaerense, tiene carácter "nacional" por tratarse de una acción colectiva la que originó el reclamo y por tener sustento jurídico en una acordada de la Corte al respecto. Los abogados del Ejecutivo vienen rechazando ese punto. 

Si bien el expediente de la justicia platense, iniciado por la ONG Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, es el que podría tener destino de la sentencia de fondo de la Corte, los jueces primero resolverían uno de los dos pedidos de per saltum presentados con la firma del procurador general del Tesoro Carlos Balbín ante fallos adversos de la Justicia de Chubut y Mendoza. 

Los cuatro ministros de la Corte tendrán una reunión "informal" hoy, pero la decisión sobre si aceptan o no el per saltum saldrá mañana en el tradicional acuerdo semanal, el segundo desde que se sumó Horacio Rosatti al tribunal. Él, junto al presidente Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, consensuarán una decisión, que supone el aval al salto de instancia y un pedido de informes al Ejecutivo.

Luego vendrá la feria judicial 
y, tras ella, en la primera o segunda semana de agosto, una resolución de fondo que en el Gobierno creen que será favorable respecto a la potestad del Ejecutivo para modificar las tarifas, pero que obligará a discutir las políticas futuras del sector en una audiencia pública de la que participarán representantes de los consumidores. 

La Corte tomaría la decisión a principios del mes próximo sin esperar a que se integre el nuevo ministro Carlos Rosenkrantz, que recién se sumará a mediados de agosto. "Aguardar su llegada implicaría demorar demasiado un fallo sobre un tema urgente, ya que debería ponerse al tanto de la información y eso llevaría bastante tiempo", detallaron fuentes tribunalicias.

Agencias