La bomba que redujo a escombros la sede de la AMIA, segó la vida de 85 personas y causó heridas a otras trescientas, estalló hace hoy 22 años. Las causas del peor atentado terrorista en la historia argentina, el plan que lo hizo posible, los autores y sus cómplices siguen en la penumbra: otra bomba de fragmentación, o varias, fueron explotando en el expediente que desde entonces no consigue avanzar en la única respuesta que exigen y merecen los argentinos. Justicia.

Esa vergonzosa conclusión es evidente; lo novedoso es que el trío de fiscales que desde la muerte de Alberto Nisman heredaron la causa judicial lo admitió en un informe oficial, y que en sus páginas repasa las ominosas causas de ese fracaso: testigos que nadie escuchó o que sólo hablaron ante el juez Galeano –separado y destituido justamente por su rol en este caso– un cadáver cuya identidad se ignora pero al que sin autorización de nadie le cortaron los diez dedos, material genético de las víctimas y del supuesto atacante suicida que debe reanalizarse, miles y miles de documentos pésimamente conservados y que no fueron consultados, papeles y funcionarios amparados todavía por un secreto que sólo sirvió para alejarlos de la justicia.

Es sólo un panorama del informe de gestión de la Unidad Fiscal de Investigaciones dedicada a las causas vinculadas con el atentado a la AMIA, que integran los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini. Sin hacer cargos ni buscar excusas, el trabajo sin embargo enumera hechos increíbles. Repasemos algunos.

Se va a intentar la “verificación genética” de la identidad del supuesto terrorista suicida Ibrahim Hussein Berro con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense, que pese a su prestigio mundial no había sido convocado hasta ahora en la causa. También se dispuso “un meticuloso inventario del material orgánico existente en la Morgue, y la verificación de sus condiciones de conservación y resguardo”. Sólo cuando terminen podrán saber si hay ADN que no corresponda a ninguna víctima, podría ser de víctimas no identificadas o de Berro, a cuyos hermanos –que viven en Michigan, Estados Unidos– recién buscaron en noviembre pasado para pedirles muestras biológicas.

Además, se redoblaron los esfuerzos para hallar el cuerpo de León Gregorio Knorpel –dado por muerto a través de testimonios– y se investiga por qué otro a cuerpo que nadie reclamó y cuya identidad se ignora le fueron cortados los diez dedos de las manos sin que nadie lo autorizara. Eso sí: se pudo saber que el contenido de varias bolsas cerradas que nadie había revisado jamás no era importante.

Otro desafío es el análisis de miles y miles de documentos de inteligencia, gran parte de los cuales había permanecido escondido, sin clasificar y guardado en pésimas condiciones. En 2005, la ex SIDE remitió dos mil carpetas, pero su contenido seguía siendo secreto. En marzo de 2015, los fiscales pidieron que ese material “y todo el que pudiera existir” fuera desclasificado. La respuesta parcial a esa exigencia fue la aparición de dos mil metros lineales de cajas con papeles. Un equipo de veinte personas trabaja ahora en limpiarlos y acondicionarlos, mientras también se buscan herramientas informáticas para poder analizarlos y cruzar datos. En la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense también hallaron cien legajos que podrían tener cosas interesantes.

La avalancha de material que debe ser reunido y analizado es tal que no hay dónde hacerlo: se le pidió al gobierno que disponga de un edificio para trabajar.

Los fiscales también piden “relevar del secreto grandes tramos de la actividad estatal secreta cuya confidencialidad hoy ya no se justifica”: necesitan que los papeles y el testimonio de ex funcionarios y espías esté disponible sin restricciones. Aún no lo logran. Lo mismo le pidieron al Poder Legislativo y a la Cancillería. Otros detalles: se buscaron testigos jamás escuchados, como el de una persona que estaba cerca de la puerta de la AMIA cuando estalló la bomba y ahora vive en Bolivia. Y se intentará emprolijar 35 testimonios que fueron prestados sólo ante el juez Galeano.

Namer, Salum y Filippini ratifican la vigencia de la hipótesis central de la investigación, respecto a que altos funcionarios iraníes habrían decidido atentar contra la AMIA, a través de miembros de la organización terrorista libanesa Hezbollah, “con participación de nacionales argentinos”, “sin perjuicio de la tramitación de otras líneas no necesariamente consistentes con esa tesis que también deben ser evaluadas”. No lo dicen, pero es un nuevo comienzo