El fallo de la Corte Suprema de Justicia representó un cimbronazo para el Gobierno de Mauricio Macri, al frenar parcialmente el aumento del gas y exigir el llamado a audiencia pública.

La autocrítica partió del ministro de Justicia, Germán Garavano, que admitió que la instancia de discusión con los usuarios se tendría que haber convocado antes de establecer el brusco aumento al servicio.

En ese sentido, el funcionario destacó que la estrategia que eligió el Gobierno dependió de la cartera de Energía, aunque negó que el ministro Juan José Aranguren sea desplazado del gabinete.

Consultado por si consideraba había sido "un error" aplicar los aumentos sin la audiencia pública previa, el ministro contestó, contundente: "Hoy, con el fallo en la mano, sí, efectivamente".

Sin embargo, el ministro de la cartera de Justicia intentó disminuir el impacto político del fallo del máximo tribunal. Y dijo: "no hubo grandes sorpresas, pero sí matices" en la visión que optó la Casa Rosada al enterarse de la decisión de la Corte, aunque aclaró: "Los fallos son para cumplirse, por lo cual el Gobierno lo va a cumplir".

A través de una disposición del Boletín Oficial, hoy se convocó la audiencia pública para el lunes 12 de septiembre en la Usina del Arte. "No existe tensión entre el Gobierno y la Corte, el balance no es tan negativo desde la mirada del gobierno", agregó el ministro.

Garavano señaló que la decisión de aplicar la suba de tarifas sin haber convocado a audiencia pública fue "un proceso técnico que nació de las entrañas del Ministerio de Energía donde hay gente que trabaja desde hace muchísimo años".

"Ahí se escogió el camino que se escogió", dijo el ministro. "El Presidente no decidió el cuadro ni el proceso técnico. Los asesores jurídicos del presidente no participaron", agregó.

A pesar de la reflexión que pudo tener el Gobierno tras el controvertido fallo, Garavano aclaró que Aranguren no va a renunciar: "Nunca se barajó; al contrario, Macri le pidió que se ponga a trabajar y lo hizo, al convocar a la audiencia y al ordenar a las empresas a refacturar los servicios".