El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja aceptó y remitió a la Cámara Federal de la provincia el recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional ante el amparo dictado contra el incremento del servicio de gas natural para las pequeñas y medianas empresas, y lo hizo con "efecto suspensivo" de la medida, por lo cual se mantienen los incrementos vigentes desde el 1 de abril con tope del 500 por ciento.

Fuentes del Ministerio de Energía confirmaron esta tarde la decisión del titular del Juzgado Federal 3 de la provincia de Córdoba de remitir el recurso de apelación a la instancia superior “con efecto suspensivo”, ante el pedido de amparo solicitado a comienzos de la semana pasada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

Tal como lo había solicitado el Gobierno nacional en su presentación de mediados de la semana pasada a través de la Procuración del Tesoro, Vaca Narvaja aceptó el pedido de “efecto suspensivo” de la apelación, por lo cual siguen vigentes los cuadros tarifarios para los usuarios comerciales aplicados el 1 de abril.

También sigue firme el tope del 500 por ciento dispuesto por el Ministerio de Energía mediante la Resolución 129, con la que el Gobierno intentó morigerar el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como otros sectores de servicios y entidades de bien público.

La medida de amparo abarcaba a "pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines", integrantes del colectivo Apyme.

Mientras la causa continúa el curso judicial, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dará a conocer en los próximos días el nuevo cuadro tarifario que aplicará el Gobierno tras la audiencia pública realizada entre el 16 y el 18 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires.

Tras haber escuchado durante las tres jornadas de exposiciones de los distintos sectores vinculados al tema, el ministro había anticipado que a la propuesta tarifaria para el sector residencial se podría incluir un nuevo tope al incremento para los usuarios comerciales en torno al 250 por ciento.

Esa consideración a los reclamos de los sectores pymes se daría a conocer entre fines de esta semana y comienzos de la próxima, según ratificaron fuentes gubernamentales, tal como había anticipado el ministro Aranguren.

El pedido de amparo presentado por Apyme, al igual que lo hicieron otras entidades que nuclean a pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios, se produjo luego del fallo del 18 de agosto de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de los incrementos tarifarios para los usuarios residenciales.

El juez Vaca Narvaja había dispuesto la “continuidad del cuadro tarifario del servicio de gas conforme al vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año” por lo que ordenaba al Ente Nacional Regulador del Gas que disponga las medidas para realizar la refacturación correspondiente de las distribuidoras.

Entre los argumentos expuestos por el Gobierno en su recurso de apelación se destaca que la provisión de gas natural es un servicio público que depende de la recaudación tarifaria para su funcionamiento y su interrupción generaría una gravedad institucional importante.

La presentación también planteó que el magistrado no realizó un análisis de fondo de la situación en que se encuentra el servicio de gas natural, lo que requiere una interpretación técnica para poder afirmar si se trata de un aumento abusivo o no, tal como planteó la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas.

El tercer aspecto cuestionado por el Gobierno nacional al magistrado cordobés es que haya otorgado a la asociación Apyme la representación colectiva de todas las pequeñas y medianas empresas del país, por lo cual el amparo tiene alcance nacional.

Luego de dar a conocer el nuevo cuadro tarifario del gas para los usuarios residenciales, el gobierno prevé convocar a una nueva audiencia pública para comienzos de noviembre que le permita debatir una revisión tarifaria integral que incluirá la actualización de los valores de los servicios de transporte y distribución del gas natural para los próximos años.

El esquema que dará a conocer en los próximos días el ministro Aranguren contempla para los usuarios residenciales incrementos del precio del gas a boca de pozo del 203 promedio a partir del pasado 1 de octubre, y con actualizaciones semestrales desde el 1 de abril próximo hasta el 1 de octubre de 2019.

En el último trimestre de 2019 el Gobierno estima que la tarifa que pagarán los usuarios cubrirá en su totalidad el precio de mercado del costo del gas, en tanto que al mismo tiempo significará lograr el subsidio cero, luego de un 2015 en el que se transfirieron por ese item unos 5.700 millones de dólares.

El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja aceptó y remitió a la Cámara Federal de la provincia el recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional ante el amparo dictado contra el incremento del servicio de gas natural para las pequeñas y medianas empresas, y lo hizo con "efecto suspensivo" de la medida, por lo cual se mantienen los incrementos vigentes desde el 1 de abril con tope del 500 por ciento.

Fuentes del Ministerio de Energía confirmaron esta tarde la decisión del titular del Juzgado Federal 3 de la provincia de Córdoba de remitir el recurso de apelación a la instancia superior “con efecto suspensivo”, ante el pedido de amparo solicitado a comienzos de la semana pasada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

Tal como lo había solicitado el Gobierno nacional en su presentación de mediados de la semana pasada a través de la Procuración del Tesoro, Vaca Narvaja aceptó el pedido de “efecto suspensivo” de la apelación, por lo cual siguen vigentes los cuadros tarifarios para los usuarios comerciales aplicados el 1 de abril.

También sigue firme el tope del 500 por ciento dispuesto por el Ministerio de Energía mediante la Resolución 129, con la que el Gobierno intentó morigerar el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como otros sectores de servicios y entidades de bien público.

La medida de amparo abarcaba a "pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines", integrantes del colectivo Apyme.

Mientras la causa continúa el curso judicial, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dará a conocer en los próximos días el nuevo cuadro tarifario que aplicará el Gobierno tras la audiencia pública realizada entre el 16 y el 18 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires.

Tras haber escuchado durante las tres jornadas de exposiciones de los distintos sectores vinculados al tema, el ministro había anticipado que a la propuesta tarifaria para el sector residencial se podría incluir un nuevo tope al incremento para los usuarios comerciales en torno al 250 por ciento.

Esa consideración a los reclamos de los sectores pymes se daría a conocer entre fines de esta semana y comienzos de la próxima, según ratificaron fuentes gubernamentales, tal como había anticipado el ministro Aranguren.

El pedido de amparo presentado por Apyme, al igual que lo hicieron otras entidades que nuclean a pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios, se produjo luego del fallo del 18 de agosto de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de los incrementos tarifarios para los usuarios residenciales.

El juez Vaca Narvaja había dispuesto la “continuidad del cuadro tarifario del servicio de gas conforme al vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año” por lo que ordenaba al Ente Nacional Regulador del Gas que disponga las medidas para realizar la refacturación correspondiente de las distribuidoras.

Entre los argumentos expuestos por el Gobierno en su recurso de apelación se destaca que la provisión de gas natural es un servicio público que depende de la recaudación tarifaria para su funcionamiento y su interrupción generaría una gravedad institucional importante.

La presentación también planteó que el magistrado no realizó un análisis de fondo de la situación en que se encuentra el servicio de gas natural, lo que requiere una interpretación técnica para poder afirmar si se trata de un aumento abusivo o no, tal como planteó la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas.

El tercer aspecto cuestionado por el Gobierno nacional al magistrado cordobés es que haya otorgado a la asociación Apyme la representación colectiva de todas las pequeñas y medianas empresas del país, por lo cual el amparo tiene alcance nacional.

Luego de dar a conocer el nuevo cuadro tarifario del gas para los usuarios residenciales, el gobierno prevé convocar a una nueva audiencia pública para comienzos de noviembre que le permita debatir una revisión tarifaria integral que incluirá la actualización de los valores de los servicios de transporte y distribución del gas natural para los próximos años.

El esquema que dará a conocer en los próximos días el ministro Aranguren contempla para los usuarios residenciales incrementos del precio del gas a boca de pozo del 203 promedio a partir del pasado 1 de octubre, y con actualizaciones semestrales desde el 1 de abril próximo hasta el 1 de octubre de 2019.

En el último trimestre de 2019 el Gobierno estima que la tarifa que pagarán los usuarios cubrirá en su totalidad el precio de mercado del costo del gas, en tanto que al mismo tiempo significará lograr el subsidio cero, luego de un 2015 en el que se transfirieron por ese item unos 5.700 millones de dólares.

El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja aceptó y remitió a la Cámara Federal de la provincia el recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional ante el amparo dictado contra el incremento del servicio de gas natural para las pequeñas y medianas empresas, y lo hizo con "efecto suspensivo" de la medida, por lo cual se mantienen los incrementos vigentes desde el 1 de abril con tope del 500 por ciento.

Fuentes del Ministerio de Energía confirmaron esta tarde la decisión del titular del Juzgado Federal 3 de la provincia de Córdoba de remitir el recurso de apelación a la instancia superior “con efecto suspensivo”, ante el pedido de amparo solicitado a comienzos de la semana pasada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

Tal como lo había solicitado el Gobierno nacional en su presentación de mediados de la semana pasada a través de la Procuración del Tesoro, Vaca Narvaja aceptó el pedido de “efecto suspensivo” de la apelación, por lo cual siguen vigentes los cuadros tarifarios para los usuarios comerciales aplicados el 1 de abril.

También sigue firme el tope del 500 por ciento dispuesto por el Ministerio de Energía mediante la Resolución 129, con la que el Gobierno intentó morigerar el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como otros sectores de servicios y entidades de bien público.

La medida de amparo abarcaba a "pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines", integrantes del colectivo Apyme.

Mientras la causa continúa el curso judicial, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dará a conocer en los próximos días el nuevo cuadro tarifario que aplicará el Gobierno tras la audiencia pública realizada entre el 16 y el 18 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires.

Tras haber escuchado durante las tres jornadas de exposiciones de los distintos sectores vinculados al tema, el ministro había anticipado que a la propuesta tarifaria para el sector residencial se podría incluir un nuevo tope al incremento para los usuarios comerciales en torno al 250 por ciento.

Esa consideración a los reclamos de los sectores pymes se daría a conocer entre fines de esta semana y comienzos de la próxima, según ratificaron fuentes gubernamentales, tal como había anticipado el ministro Aranguren.

El pedido de amparo presentado por Apyme, al igual que lo hicieron otras entidades que nuclean a pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios, se produjo luego del fallo del 18 de agosto de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de los incrementos tarifarios para los usuarios residenciales.

El juez Vaca Narvaja había dispuesto la “continuidad del cuadro tarifario del servicio de gas conforme al vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año” por lo que ordenaba al Ente Nacional Regulador del Gas que disponga las medidas para realizar la refacturación correspondiente de las distribuidoras.

Entre los argumentos expuestos por el Gobierno en su recurso de apelación se destaca que la provisión de gas natural es un servicio público que depende de la recaudación tarifaria para su funcionamiento y su interrupción generaría una gravedad institucional importante.

La presentación también planteó que el magistrado no realizó un análisis de fondo de la situación en que se encuentra el servicio de gas natural, lo que requiere una interpretación técnica para poder afirmar si se trata de un aumento abusivo o no, tal como planteó la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas.

El tercer aspecto cuestionado por el Gobierno nacional al magistrado cordobés es que haya otorgado a la asociación Apyme la representación colectiva de todas las pequeñas y medianas empresas del país, por lo cual el amparo tiene alcance nacional.

Luego de dar a conocer el nuevo cuadro tarifario del gas para los usuarios residenciales, el gobierno prevé convocar a una nueva audiencia pública para comienzos de noviembre que le permita debatir una revisión tarifaria integral que incluirá la actualización de los valores de los servicios de transporte y distribución del gas natural para los próximos años.

El esquema que dará a conocer en los próximos días el ministro Aranguren contempla para los usuarios residenciales incrementos del precio del gas a boca de pozo del 203 promedio a partir del pasado 1 de octubre, y con actualizaciones semestrales desde el 1 de abril próximo hasta el 1 de octubre de 2019.

En el último trimestre de 2019 el Gobierno estima que la tarifa que pagarán los usuarios cubrirá en su totalidad el precio de mercado del costo del gas, en tanto que al mismo tiempo significará lograr el subsidio cero, luego de un 2015 en el que se transfirieron por ese item unos 5.700 millones de dólares.