En el primer día de actividad en los Tribunales de Comodoro Py tras la feria judicial de enero, los principales procesados por el juez Julián Ercolini en la causa que investiga una "matriz de corrupción" en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas apelaron la medida, que incluye un embargo de $ 10.000 millones. Así, Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez y José López negaron responsabilidades en esa trama con el argumento de que el delito de asociación ilícita es "inconstitucional". Sus abogados pidieron, además, la nulidad de la resolución. Las defensas consideraron que había "falta de pruebas" para procesarlos, y rechazaron el monto del embargo que les trabó el juez. 

Con extensos escritos técnicos. las defensas de al menos nueve de los doce procesados en la causa de obra pública que lleva adelante el juez Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, apelaron la medida del Magistrado esta mañana. Con diferentes planteos todos apuntaron a los mismo: negar cualquier "estructura delictiva" montada desde el Estado para "favorecer al amigo presidencial (Lázaro Báez)", con millonarios contratos viales que -según la documentación utilizada por los fiscales-, quedaron inconclusos en un 50 % y se cobraron con sobreprecios por encima del 65 %. Así, el Grupo Austral fue adjudicatario de licitaciones por más de $ 46.000 millones.

La ex Presidenta fue una de las primeras en apelar su procesamiento por corrupción. Su abogado Carlos Beraldi presentó la apelación negando cualquier "tipo de responsabilidad" ante las acusaciones que recaen sobre ella. El magistrado la procesó por "asociación ilícita" y por "defraudación al Estado".

Cristina Fernández de Kirchner sale del Juzgado Federal Río Gallegos el 31 de enero. Foto: OPI Santa Cruz

Según el texto acusatorio, Cristina "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado". La ex presidenta se desligó de todo ello y también de la acusación de haber favorecido a Lázaro Báez con contratos viales. En su escrito, reiteró que la auditoría de Vialidad Nacional, prueba central en la causa que se inició en 2008 con una mega denuncia de Elisa Carrió, no contempla a "todos los contratistas del Estado desde 2003 a diciembre de 2015" y que era necesaria una pericia completa.

Según el argumento de su defensa, si se toma en cuenta la lista completa de contratistas del Estado, tal como la propia Cristina señaló en otras oportunidades, el empresario K se ubica en el número 38 del listado, y no primero como lo coloca la documentación aportada por el organismo que dirige Javier Iguacel. La defensa señaló que hay "inconstitucionalidad del delito de asociación ilícita" y "arbitrariedad".

Julio De Vido en Tribunales. Foto Rolando Andrade.

En el caso de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, tal como anticipó Clarín amplió el recurso presentado antes del inicio de la feria judicial. “La resolución del juez es arbitraria, no se apoya en ninguna prueba directa y fue adoptada en base a indicios y presunciones de información de funcionarios de un Gobierno hostil a los miembros del anterior”, señaló la defensa del actual diputado del FPV.

Una vez más, su defensor refutó la auditoría de Vialidad Nacional planteando que “no se permitió el control por parte de la defensa en la pericia técnica, para evaluar los hechos con objetividad y obtener un dictamen independiente".

José López con Julio De Vido (Archivo Clarín)

Tanto José López, ex secretario de Obras Públicas, como el empresario Lázaro Báez (ambos presos en el penal de Ezeiza)coinciden en algunos puntos en sus apelaciones. Negaron cualquier tipo de responsabilidad sobre todo, en los procedimientos de adjudicación de las licitaciones a favor del Grupo Austral, que se encuentran "con vicios y procesos ilegales", como señalaron los fiscales. Así, al igual que Cristina Kirchner y De Vido, pidieron la nulidad de la resolución por "falta de prueba".

Los embargos, que contabilizan $ 72.500 millones sumando las sumas aplicadas a los doce procesados, fueron refutados por las diferentes defensas. "Se planteó que eran sumas exorbitantes", señaló una fuente judicial a Clarín.

El empresario Lázaro Báez también apeló el procesamiento. Foto Gustavo Ortíz.

Los millonarios embargos que en el caso de la ex mandataria, De Vido, López, Báez y el ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, son de $ 10.000 millones, se determinaron como una forma de devolver "al Estado nacional un perjuicio económico". En función de esto, el juez Ercolini señaló que "corresponde realizar una valoración del perjuicio que se habría causado con la maniobra que ya fue descripta ut supra". Y para ello citó que entre 2003 y 2015 Lázaro Báez fue beneficiado con el 78,4% de los contratos viales "plagados de irregularidades" que generaron pérdidas millonarias para el Estado.

También apelaron esta mañana su procesamiento Carlos Kirchner, el primo de Néstor Kirchner, que fue considerado por la Justicia como una "pieza clave"​ en la estructura utilizada "para beneficiar al grupo Austral". Periotti también rechazó las acusaciones, al igual que Mauricio Colladera ,responsable del Distrito 23 de Vialidad en Santa Cruz. Raúl Daruich y Raúl Pavesi, hicieron lo mismo.

El fiscal Gerardo Pollicita también se sumó a las apelaciones ya que el Juez consideró que Abel Fatala que se desempeñó como subsecretario de obras Públicas, había sido beneficiado por "falta de mérito". Pollicita señaló esta mañana que hay "pruebas suficientes" para que sea procesado.