Acosada por las importaciones, la última fábrica de llantas del país cerró ayer sus puertas definitivamente. Mefro Wheels, la firma de origen alemán que mantenía una planta en la zona sur de Rosario, llegó a un acuerdo con los 170 trabajadores: recibirán una indemnización que ni siquiera alcanza el total de lo que marca la ley. Las negociaciones con el ministerio de Trabajo y los recursos presentados ante la Justicia no lograron torcer el destino de la ex Cimetal, una empresa fundada en 1954 que quebró en 2001 y terminó en manos de capitales extranjeros.

“Nos mataron las importaciones”, lamentó ayer Miguel Valentino, delegado de los trabajadores. “La importación es indiscriminada. Si seguimos así vamos a volver a los 90”, alertó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario. “Aniquilan la actividad industrial”, subió la apuesta Pablo Cerra, abogado del gremio.

En medio de una compleja negociación que se había iniciado hace 40 días para evitar el cierre, el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, propuso al Gobierno nacional que por un año se cerrara la importación de llantas. El funcionario socialista planteó que la empresa era “viable” en términos tecnológicos, económicos y de mercado.

La idea de Contigiani generó una fuerte polémica con legisladores oficialistas. El diputado provincial del PRO Roy López Molina definió a Contigiani de “ministro improductivo, fanático del castrismo” y que estaba además “a contramano del mundo”.

El conflicto en la planta de Mefro Wheels se inició el 2 de enero. Los metalúrgicos denunciaron que la firma alemana pretendía vaciar la planta, provocar el cierre y evitar la venta a alguna firma que en el futuro pudiera competir con la exportación de sus llantas elaboradas en sus filiales de Alemania, Francia y China.

La situación generó que distintas terminales automotrices, como es el caso de Ford y Volkswagen, desistieran de seguir comprando llantas de aluminio en la planta rosarina. Para 2017 se proyectaba colocar en el mercado 600 mil llantas. La UOM buscó un blindaje judicial para intervenir el directorio, colocar un síndico y evitar el cierre, pero dos fallos lo impidieron. Eso trabó además un crédito de 7 millones de pesos que el Gobierno santafesino ofreció para continuar con la producción.

Los empleados, que cobraron su último sueldo en diciembre y que resignaron en las últimas semanas el dinero de sus haberes para que se siguiera adquiriendo materia prima, aceptaron finalmente ser indemnizados. La conducción del gremio metalúrgico estimó que la oferta de los alemanes alcanza al 60% de lo que deberían cobrar por ley. Pero, además, temen que los pagos no se efectivicen.

Los trabajadores seguirán concurriendo desde hoy a la fábrica, pero ya no para producir: custodiarán las máquinas y entregarán los pedidos pendientes para cubrir, de esa forma, los salarios adeudados.