POLITICA
24 de mayo de 2017
Borraron archivos de la computadora del principal directivo de Odebrecht en la Argentina
Se trata de Mauricio Couri Ribeiro. Se eliminaron archivos sobre el soterramiento del Sarmiento y empresas offshores utilizadas para pagar coimas. El Gobierno todavía no contestó informes que pidió la justicia
Una pericia de la Policía Federal concluyó que de la computadora que utilizaba el principal directivo de Odebrecht en Argentina fueron borrados 260 archivos que contenían palabras como "soterramiento", "Sarmiento" y el nombre de dos empresas off shore de la que se sospecha que se usaron para pagarle coimas al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime.
Así surge de un trabajo elaborado por la División Apoyo Tecnológico Judicial a pedido del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Franco Picardi en una causa en la que se investiga si Odebrecht le pagó coimas a Jaime a través de su hombre de confianza, Manuel Vázquez, informaron fuentes judiciales.
Se trata de una notebook que utilizaba Mauricio Couri Ribeiro, quien fue el principal directivo de Odebrecht en el país durante la negociación del soterramiento del tren Sarmiento.
En la investigación por el "Lava Jato", el escándalo de corrupción de Brasil que involucra a empresarios y políticos, la Policía de ese país encontró en febrero del año pasado un intercambio de mails entre Vázquez y Ribeiro.
En esos correos, de febrero de 2010, Vázquez reclamaba el pago de 80 mil dólares que estaban pendientes. "Insisto en que es vergonzoso todo este proceso. He vuelto a hablar y me reiteran todo lo manifestado en mis emails. Por favor, ruego lo resuelvas exitosamente cuanto antes", le escribió la mano derecha de Jaime a Ribeiro.
El pago se concretó desde una cuenta de la empresa Klienfeld Services Ltd hacia otra de la compañía Pribont Corporation S. A., propiedad de Vázquez, y se sospecha que es el pago de una parte de una coima. Según la investigación del Lava Jato, Klienfeld es una de las empresas que Odebrecht usaba para pagar coimas en distintos países.
La ex diputada Graciela Ocaña presentó en abril del año pasado una denuncia y el fiscal Picardi imputó a Jaime y a Vázquez para investigar el caso. Una de las primeras medidas que pidió fue allanar la sede de Odebrecht en Argentina, ubicada en la avenida Alem 855.
El objetivo del procedimiento era encontrar la computadora que utilizaba Ribeiro, quien ya había dejado el país. Se halló una notebook que era del empresario y que utilizaba una secretaria privada de la empresa. El juez Martínez De Giorgi ordenó un peritaje sobre la computadora para obtener información de correos electrónicos y archivos sobre obras públicas y empresas offshore.
El trabajo estuvo a cargo de la Policía Federal que concluyó en septiembre del año pasado y que se conoció ahora cuando Odebrecht se presentó en la justicia ofreciendo un acuerdo de colaboración de sus directivos para dar información sobre los 35 millones de dólares que pagaron en coimas a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014, según reconocieron a fin del año pasado en los Estados Unidos.
El peritaje se hizo sobre la búsqueda de palabras claves y concluyó que 260 archivos vinculados a palabras como "soterramiento", "Sarmiento" y las empresas "Klienfeld Services Ltd" o "Antigua Overseas" están "borrados o inutilizables". Antigua Overseas es un banco que Odebrecht utilizaba para pagar coimas.
Ninguno de los documentos pudo ser recuperado de la computadora de Ribeiro y el informe aclaró que en algunos casos los archivos borrados pueden ser "falsos positivos", es decir que contienen la palabra buscada pero no revistan importancia para la investigación.
"Lo que más nos interesa y nos llama la atención es la información borrada sobre Klienfeld porque desde esa offshore habrían salido los pagos de las coimas", le dijo a este medio uno de los investigadores.
Sobre los mails de Ribeiro, el juez Martínez De Giorgi envió un exhorto a los Estados Unidos para que la empresa Hotmail envíe información de los correos del empresario. En el intercambio con Vázquez, Ribeiro utilizaba una cuenta de esa compañía.
La justicia argentina todavía espera respuesta al exhorto enviado a Brasil a través del cuál pidió toda la información y documentación sobre el intercambio de los correos.
Couri Riberiro se presentó en la causa penal y pidió su sobreseimiento por prescripción. Tanto el juez Martínez De Giorgi, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron el planteo. Al empresario lo defienden Pablo Maggio y Maximiliano Frola, los mismos abogados que la semana pasada se presentaron en la justicia en representación de Odebrecht para ofrecer un "acuerdo de colaboración" de sus directores en las causas que se tramitan en el país.
El soterramiento del tren Sarmiento fue la obra pública más grande que obtuvo Odebrecht en Argentina y lo hizo con una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto con las compañías IECSA, hasta hace unos meses de Ángelo Calcaterra, la italiana Gella y la española Comsa.
El soterramiento del Sarmiento es una de las obras que está bajo sospecha de corrupción y para cuando se lanzó Couri Riberiro estaba al frente de Odebrecht en Argentina y Jaime en el Ministerio de Planificación.
En 2008, Riberiro se reunió el 8 de mayo de 2008 con el entonces subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía y Producción, Juan Carlos Barboza. "Motivo: soterramiento", dice el registro de audiencias público donde quedó asentada la reunión. Quien solicitó el encuentro fue Javier Sánchez Caballero, director comercial de IECSA, y también estuvieron otros directivos de Odebrechet, de los bancos Depfa Bank y Credit Suisse y del estudio de abogados "Bruchou, Fernández Madero y Lombardi".
El fiscal Picardi le solicitó a principio de marzo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) información sobre Vázquez y de dos empresas vinculadas a él, Controles y Auditorías Especiales de Argentina (CAESA) y Controles y Auditorías Especiales SL (CYAES), desde las cuáles se podrían haber derivado fondos a Jaime. También requirió información sobre la empresa Klienfeld y posibles transferencias y operaciones en el país.
El juez Martínez De Giorgi envió los oficios y la AFIP y el BCRA todavía no contestaron.
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