Los fiscales argentinos se lanzarán hoy a navegar en el mar de dudas que despierta aquí la cooperación internacional por el Lava Jato con su as bajo la manga. La comitiva encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez intentará superar el principal conflicto de la negociación con una estrategia que puede acercar las pruebas sobre los funcionarios beneficiados con los U$ 35 millones que Odebrecht pagó de sobornos en la Argentina.

Ante las diferencias jurídicas que presenta la Argentina, los fiscales propondrán hacer valer, por sobre la ley local, los tratados internacionales en materia de corrupción y crimen organizado, confiaron  fuentes judiciales. En especial, los convenios firmados por ambos países con las Naciones Unidas (ONU), que son más flexibles que la ley del arrepentido.

En cualquier caso, la propuesta no soluciona el problema de fondo: el principio de "leniencia" incluido dentro del acuerdo entre Odebrecht y Brasil. Ese concepto consiste básicamente en otorgar inmunidad penal para los ejecutivos brasileños que hayan declarado sobre los sobornos en la Argentina, pese a que ellos también hubieran cometido un delito al pagar esas coimas. Ni la ley argentina ni los convenios internacionales permiten acuerdos con esos beneficios para los arrepentidos.

Ese gris legal será el eje de las negociaciones entre fiscales argentinos y brasileños que comienzan hoy, a las 14, en la Procuración General de la República, dos impresionantes edificios circulares espejados que llaman la atención en la zona del Planalto. "Temer", "Lava Jato", "Odebrecht" eran las palabras que resonaban ayer al atardecer en los baños, los estacionamientos y la oficina de prensa.

Habrá dos reuniones. La primera, con José Borges Andrada, viceprocurador, para negociar los términos del acuerdo y coordinar cómo será la liberación de la información y la consecuente "ruta" que la deposite en Buenos Aires. La segunda, con Vladimir Aras, secretario de Cooperación Internacional, donde se discutirá la posibilidad de crear un equipo binacional de fiscales para investigar el caso.

Dentro de la procuración, los brasileños mantuvieron un estricto silencio. Los funcionarios de las áreas que negociarán con los fiscales argentinos fueron herméticos. Suspendieron una conferencia de prensa para los distintos medios latinoamericanos, que esperan el desenlace de este proceso.

Funcionarios del área de cooperación y dos fiscales vinculados a la investigación Lava Jato confesaron que la postura de Brasil es muy clara con respecto a la información sobre Odebrecht: no hay manera de entregar documentación si no se garantiza que los delatores no serán perseguidos penalmente en los distintos países.

El más contundente fue Orlando Martello, fiscal del Lava Jato. "La Secretaría de Cooperación Internacional sólo podrá enviar los documentos a otros países si hubiese un compromiso de no utilizar los documentos presentados por la propia empresa y sus colaboradores y adherentes contra ellos, tanto en la esfera civil como en la penal", afirmó desde Curitiba.

Más allá de la postura rígida, los brasileños cuentan más dudas que certezas. "Es un proceso inédito. No sé qué pasará", confesó una alta fuente local después de no poder responder al menos cinco preguntas sobre cómo continuaría el proceso de cooperación.

En el caso de que se llegue a un acuerdo, las preguntas se multiplican. ¿Cuándo llegará la información a la Argentina? Nadie puede responder eso, pero en Brasil insisten en que el proceso "inédito" llevará sus largos días, porque requiere la intervención de distintos procesos burocráticos.

¿Qué información compartiría Brasil con la Argentina? Las transcripciones de las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht (no los videos), documentos complementarios, como copias de transferencias bancarias en paraísos fiscales, y archivos digitales de la empresa, detalló el fiscal Martello.

¿Serán secretos los datos? Sí. El Supremo Tribunal Federal ordenó la confidencialidad de la información por tiempo indeterminado. Esto significa que, en caso de llegar a un acuerdo, esa información sólo podrá ser utilizada por los fiscales argentinos en las causas judiciales, mal que le pese al Gobierno.

Agencias