Cambiemos se propone para este mismo año tener aprobadas en el Congreso siete leyes clave para arrancar 2018 con las nuevas reglas de juego económicas propuestas por el presidente Mauricio Macri. Las negociaciones no son sencillas, porque involucran a la Nación, las provincias, las empresas, los trabajadores y los jubilados.

Estas siete leyes son las reformas tributaria y laboral, la modificación a la forma de actualización de las jubilaciones, el Pacto Fiscal con los gobernadores, el régimen de Responsabilidad Fiscal con las provincias, el revalúo fiscal para balances de empresas y el Presupuesto 2018.

Está descontado que el Presidente convocará a sesiones extraordinarias hasta fin de año con el fin de que el Congreso apruebe todo este paquete económico.

También se espera que convoque a extraordinarias para la segunda quincena de febrero, con el fin de tratar otras leyes importantes para la Casa Rosada.

Costo político

En Cambiemos observan que la ley de movilidad jubilatoria será la que “mayor costo político” les genere: actualmente la fórmula para calcular los haberes surge de un cruce entre la evolución de la recaudación y la del salario. La propuesta es que ahora se actualicen solamente por inflación.

Esa modificación significa que el año que viene los haberes jubilatorios crecerán menos, porque el Gobierno tiene una perspectiva elevada de crecimiento y, por ende, de la recaudación, mientras espera una desaceleración de la suba de precios.

Un importante diputado del Pro dijo ayer a periodistas parlamentarios que los gobernadores, a través de sus diputados y senadores, están dispuestos a “salir a bancar” la nueva ley de movilidad, aunque el que deberá exponer los argumentos a favor es Cambiemos. Es parte del acuerdo político en el que entran también el resto de las iniciativas del combo económico.

Entre ellas, la reforma tributaria, que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que ingresaría el lunes pasado al Congreso pero aún no fue enviada.

En Cambiemos, sin embargo, le quitan relevancia a la demora: “Aún quedan 20 días de negociaciones con los gobernadores. No importa tanto cuándo entre, sino el acuerdo que haya, que incluye al Pacto Fiscal (baja de Ingresos Brutos y Sellos)”, dijo el diputado macrista.

Con respecto a la reforma laboral, ayer la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acordaron “los puntos y artículos del proyecto que aún generaban discordia”. Es decir que a diferencia de la tributaria, la laboral sí podría ingresar más temprano al Congreso. Se discutirá primero en el Senado y luego en Diputados.

En el medio de todo este paquete, a los legisladores nacionales les quedará por aprobar el Presupuesto 2018, el revalúo fiscal de Ganancias para empresas y el nuevo régimen de Responsabilidad Fiscal.

Estancada, otra vez

La reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) volvió a frenarse: el martes estaba previsto que el Senado emitiera dictamen sobre el proyecto que establece, entre otras modificaciones, que el cargo de procurador general de la Nación dejará de ser vitalicio, pero la reunión de la comisión de Justicia finalmente se suspendió por falta de acuerdo.

Entre los senadores hay diferencias respecto del mecanismo de remoción y de la estructura del MPF diseñada por la procuradora saliente, Alejandra Gils Carbó.

La renuncia de Gils Carbó se hará efectiva el 31 de diciembre. A partir de ese día deberá remplazarla Eduardo Casal, el procurador fiscal ante la Corte con mayor antigüedad en el cargo, según manda la ley.

“No lo conozco a Casal, pero el solo hecho de que la remplace a Gils Carbó ya debería suponer una mejoría notoria en el funcionamiento del MPF. Si no tenemos aprobada la ley, igualmente el Presidente podrá designar al próximo procurador general”, dijo un diputado del Pro, con resignación sobre el avance parlamentario de la reforma, que fue propuesta hace dos años.

Con informaciòn de Agencias