El juez federal Julián Ercolini ordenó afectar 25 propiedades de la sucesión de Néstor Kirchner, actualmente pertenecientes al condominio “Máximo y Florencia Kirchner”, dinero en cuentas bancarias, un automóvil Honda CRV y acciones de las empresas Los Sauces y Hotesur.

Sobre todos esos bienes se cursaron oficios a los registros de la Propiedad Inmueble, al Banco Central y automotor para notificar que no pueden ser vendidos. 

De Vido, José López, Carlos Kirchner (primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y el detenido empresario Lázaro Báez están procesados en la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. 

En esta causa, el magistrado dispuso el martes la apertura de siete cajas de seguridad pertenecientes a los detenidos ex funcionarios De Vido, José Lopez y Carlos Kirchner por la causa en la que están procesados por corrupción en la obra pública. La tarea se llevará a cabo en los bancos Patagonia, Galicia y Francés, al hacer lugar a un pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Además, ordenó ejecutar todos los embargos preventivos por 10.000 millones de pesos que se habían dispuesto en el caso, incluido el referido a la ex presidenta Cristina Kirchner, informaron fuentes judiciales.

Según se dispuso en el expediente, se hará un inventario del contenido de las cajas, que ya estaban fajadas, y en caso de encontrarse dinero o bienes de valor quedarán afectados al embargo.

Además el juez ordenó ejecutar el embargo sobre 81 inmuebles y porcentajes de inmuebles, cuatro automóviles y acciones de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, entre otras, del detenido Lázaro Báez. 

Sobre De Vido, se ordenó la apertura de cajas de seguridad a su nombre, el embargo del 50 por ciento de un inmueble y dos automóviles.

En tanto, el ex secretario de Obras Públicas, José López -detenido en otra causa por enriquecimiento ilícito- tiene siete inmuebles -cinco de ellos en Santa Cruz y dos en Tucumán-, un vehículo y una embarcación.

Carlos Kirchner era subsecretario de Coordinación de Obra Pública de Planificación y se ejecutó el embargo sobre ocho propiedades, una lancha, siete vehículos y diez “productos bancarios”, según trascendió de fuentes judiciales. 
Fuente: Télam