El juez decidió que continúe vigente la medida cautelar para garantizar "el pago de la deuda" millonaria y que de los escritos presentados por López y De Sousa, "no surge cómo se iría a abonar". Planteó que el pago de los más de $ 10.000 millones,responde igual "a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado" algo que tampoco estaría explicitado en las propuestas realizadas por el empresario K.

"Adelanto que no haré lugar a lo peticionado por los imputados Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa", indicó Ercolini y expuso así que no permitirá que se levante la inhibición general de bienes ordenada en la causa por defraudación al Estado por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones correspondiente al Impuesto a Transferencia de los Combustibles (ITC), generando así "un perjuicio millonario al Estado".

Según el organismo fiscal, a la fecha la deuda -con la suma de punitorios e intereses-, supera los 10.000 millones de pesos..

La AFIP ​​al rechazar la operación planteó que los dueños de Indalo buscan "eludir las medidas legales" que permitiríanrecuperar el monto de la deuda y se refirieron a una "insolvencia fraudulenta". Para evitar esto, remarcó el juez es que se dictó la inhibición de bienes, para "resguardar el crédito fiscal, para prevenir desmanejos, transferencias o disposiciones de bienes.