El Gobierno logró que un nuevo grupo de holdouts cerrara sus juicios contra el país por cerca de tres millones de dólares.

Las demandas las llevaron adelante el fondo de inversión Contrarian Capital Fund y el denominado "Grupo Varela" de minoristas, que previamente había accionado junto con el fondo buitre NML.

Luego de haber cobrado lo que acordaron con el Gobierno, los abogados de ambos deudores le comunicaron a la juez Loretta Preska, que tomó los casos que antes llevaba adelante el juez Thomas Griesa, que levantan sus demandas.

Por un lado, se trata de Pablo Alberto Varela, el primer apellido que surgía de la presentación colectiva que hicieron un grupo de bonistas minoristas junto con los fondos buitre NML y Aurelius, que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme en contra de la Argentina en 2014.

El abogado Michael Spencer firmó en representación de estos bonistas, que empezaron la causa en julio del 2010, este escrito en el que levantaron la demanda contra el país.

Por el otro, el abogado Anthony Constantini explicó a la jueza Preska que los fondos agrupados en CCM (Contrarian), también llegaron a un acuerdo con el Gobierno por la deuda.

Se trata de un fondo de cobertura fundado en 1995 por Jon Bauer, Janice Stanton y Gil Tenzer, con mediana presencia en los mercados emergentes.

De este modo, según el analista de Research for Traders Sebastián Maril, quedan unos 750 millones de dólares de bonos en default con legislación extranjera. Además, el Ministerio de Finanzas estima que resta arreglar la situación de unos 100 millones de dólares en bonos con ley argentina.

En este último caso, la intención oficial es formularles la misma oferta que a los bonistas que aceptaron desistir de sus reclamos desde febrero de 2016 y que permitió que el Gobierno acordara con casi todos los tenedores de bonos impagos.

El problema es que, a diferencia de lo que ocurrió con los bonistas que tenían títulos con ley de Nueva York, que podían renunciar en forma simple a sus reclamos y así acceder a dicha oferta, en el caso argentino el trámite resulta más complejo en términos jurídico.

El acuerdo con los holdouts permitió reducir el riesgo país unos 100 puntos básicos desde abril del 2016, según explicó el economista Federico Furiase, director del estudio ECO/GO.