El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, advierte al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que la inmunidad parlamentaria no le exime de ser ingresado en prisión en virtud a la orden española de detención e ingreso en prisión cursada contra él por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En una nota, la Fiscalía ha querido hacer esta aclaración ante las afirmaciones por parte del entorno de Puigdemont de que goza de inmunidad por su condición de diputado y, por tanto, no podrá ser detenido a pesar de la orden de detención.

”La doctrina del Tribunal Constitucional siempre ha postulado la interpretación restrictiva de los privilegios de los aforados. La garantía de la inmunidad no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial, se refiere exclusivamente a la detención policial. La protección de los parlamentarios no comporta inmunidad jurisdiccional alguna, fuera del aforamiento ante tribunal competente”, subraya el comunicado ordenado por el fiscal general.
En segundo lugar, advierte que la actuación de Puigdemont -investigado por el Tribunal Supremo como máximo responsable del delito de rebelión para proclamar la independencia de Catalunya-, dándose a la fuga y manteniendo las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia, “pone de manifiesto que el mismo persiste en su plan delictivo y sigue desarrollando acciones tendentes a su consumación”.

En tercer lugar, el fiscal general hace mención a que el Tribunal Supremo ya acordó por estos mismos hechos, teniendo en cuenta su extrema gravedad, la imputación y el ingreso en prisión incondicional de personas que ostentaban la condición de diputados”, en relación al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el ex presidente de la asociación ANC y diputado, Jordi Sànchez, y el ex conseller de Interior, Joaquim Forn. “A tales efectos debe tenerse presente que para la investigación judicial de los diputados autonómicos no es necesario suplicatorio”, advierte.

“Nuestra legislación no ampara el uso fraudulento del ordenamiento jurídico. Es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad.

Ayer mismo, desde el partido de Puigdemont, JxCat, anunciaba que le proponía como candidato presidente de la Generalitat en la reunión con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y, anunció que estudian también alegar la “inmunidad” del expresidente catalán, que supone que a un diputado “no se le puede detener si no está cometiendo un acto criminal en aquel momento”.