Cristóbal López se entregó a Gendamería luego de que la Justicia ordenara que él y su socio Fabián de Sousa vuelvan a la cárcel, agravara las acusaciones en su contra por evadir 8000 millones de pesos en el impuesto a los combustibles y elevara el monto de los embargos a 17.042 millones de pesos. El mismo fallo complicó también la situación del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, acusado de permitir esa monumental evasión.

Se espera que de Sousa también se entregue. En tanto, el abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario contra este fallo.

La sentencia que revocó la libertad de López fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, con la disidencia de su colega Ana María Figueroa. Los tiempos se aceleraron cuando el fiscal Raúl Pleé y la AFIP, con la firma de Ricardo Gil Lavedra, pidieron que Cristóbal López vuelva a la cárcel y que se califique su delito como administración fraudulenta agravada, y no como una evasión fiscal.

López eludió pagar 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles que vendió mediante su empresa Oil. Con ese dinero, que retuvo durante el kirchnerismo, capitalizó al grupo Indalo y se hizo además de un holding de medios con el que defiende las políticas kirchneristas.

Sin embargo el juez Julian Ercolini a fines de 2017 lo procesó por fraude y lo encarceló junto a De Sousa. También procesó a Echegaray.

López estuvo preso desde el 20 de diciembre hasta el 16 de marzo. Pasó las fiestas, Año Nuevo y las vacaciones en el penal de Ezeiza, perdió el control de sus empresas que entraron en crisis terminal y hasta se alejó de su novia Ingrid Grudke.

Sin embargo en marzo los jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo excarcelaron y aliviaron su calificación legal.

El fallo indignó al Gobierno que minó el camino de Ballestero de denuncias por su patrimonio y cuestionó a Farah. Ambos venían fallando en sintonía con el kirchnerismo. Finalmente, en menos de un mes, Farah pidió ser trasladado a otro tribunal y Ballestero presentó una licencia médica, que lo alejará de la Cámara.

Después de que fue apelada la libertad de López, la Cámara de Casación volvió las cosas a su lugar. Revocó la resolución de la Cámara Federal, ordenó que se califiquen los hechos imputados a Echegaray, López y De Sousa como defraudación al Estado, elevó el monto del embargo y ordenó la inmediata detención de los dos empresarios.

En su voto el juez Hornos consideró que se trata de "graves hechos de corrupción" vinculados con la delincuencia económica. Señaló que se trata de una "amenaza que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley".

Hornos dijo que Etchegaray actuó "en clara connivencia" con Cristóbal López y De Sousa. Y sostuvo que no se trata de un delito de evasión fiscal, sino que se está frente a una "compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del Fisco, que constituye el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

La mirada que sostiene esta hipótesis es que la evasión de López es parte del fraude al Estado que permitió el kirchnerismo a empresarios amigos que saquearon las arcas del Estado y luego retornaron esas ganacias a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Esta es la acusación de la fiscalía para sostener esta calificación.

Para disponer la detención de López y De Sousa los jueces evaluaron la gravedad de las imputaciones, el intento de evitar que sus bienes sean embargados, y obstruir la labor de la justicia, así como los recursos económicos con los que cuentan.

Riggi sostuvo que este caso es un desprendimietno de las otras causas de corrupción "desde el seno de una asociación ilícita integrada por funcionarios públicos de diversas áreas de la administración, incluidos los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y empresarios con vínculos de amistad, cuyo objetivo era enriquecerse a través de negocios y operatorias criminales sobre los bienes, activos financieros y económicos del Estado".

La jueza Ana María Figueroa, en disidencia, consideró que los recursos era inadmisibles porque no son decisiones equiparables a sentencias definitivas sobre las que deba pronunciarse la Casación. Son los argumentos que esgrimió López.