La causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, enfocó su tercera etapa en Santa Cruz, el terruño K y que fue epicentro de las “maniobras criminales” que permitieron que en doce años el empresario K reciba 52 contratos por 46.000 millones de pesos. 

La causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, enfocó su tercera etapa en Santa Cruz, el terruño K y que fue epicentro de las “maniobras criminales” que permitieron que en doce años el empresario K reciba 52 contratos por 46.000 millones de pesos. En este contexto y convencidos que fueron parte de la estructura estatal que benefició al Grupo Austral, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, pidieron que sean llamados a indagatoria Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, los ex gobernadores de Néstor y Cristina Kirchner. Además de ex ministros de Economía y fiscales de Estado que en conjunto inyectaron más de $ 1.800 al Grupo Báez.

Bajo el convencimiento de que hubo una “asignación de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez”, los fiscales Pollicita y Mahiques, pidieron que respondan ante la Justicia los tres ex gobernadores sureños que estuvieron al frente de la administración provincial en el período en el que más obras recibió el empresario K.

La causa tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, responsable de una asociación ilícita que se dedicó- a través de la obra pública vial- a “obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”.
Este tramo de la investigación ya está a cargo del Tribunal oral Federal 2 que tendrá a cargo el juicio oral y público. Ahora, se busca avanzar sobre las responsabilidades provinciales que permitieron que Báez reciba contratos por 46.000 millones de pesos con sobreprecios del 65% y dejando inconclusas la mitad de las obras.

En el dictamen de 104 páginas, al que accedió Clarín, se señaló que la asociación ilícita encabezada por Cristina Kirchner, seleccionó a la provincia de Santa Cruz, como el lugar en donde se “ejecutaría la matriz de corrupción”. En ese contexto los ex presidentes, acordaron “generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo” a través de “sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos”.
Para que esto funcione, se puso en marcha una “maquinaria eficaz, con beneficios exclusivos y permanentes”, para direccionar y “sustraer fondos del Estado a favor de Báez”.

Los representantes del ministerio público Fiscal, fueron más allá y entendieron que la estructura que funcionó a nivel nacional, requirió de un estado provincial que obró de forma coordinada, “con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo por más de diez años” para “favorecer al Grupo Báez”.
Las responsabilidades apuntan a los ex gobernadores que eligieron Néstor y Cristina Kirchner. Todos ellos, Acevedo, Sancho y Peralta junto a sus ministro de Economía, “contribuyeron al plan criminal” que inició en el “Estado nacional”.
¿Qué responsabilidades se les atribuye? La colaboración permanente con el destino de fondos a través de Vialidad provincial, la falta de controles en las obras otorgadas, reasignación de partidas provinciales, la entrega de anticipos de obras sin que hayan iniciado, haber convalidado el "esquema a nivel nacional" a favor de Báez, son parte de las acusaciones.
De las más de 50 contrataciones analizadas, el 92% tuvieron por comitente a Vialidad Provincial, ya que todo se hacía a través de convenios entre Vialidad Nacional y su par santacruceña. Allí, se acordaba la realización de determinadas obras bajo financiación y supervisión nacional pero “delegando la licitación, adjudicación e inspección del avance de las obras en la entidad provincial”.

Así, indicaron los fiscales indicaron que fue necesario que la “matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicara en el ámbito provincial”, en donde los ex Gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas carteras de la administración provincial desde 2003 a 2015 “contribuyeron, por acción u omisión, en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez”.

Acevedo, Sancho y Peralta, para Pollicita y Mahiques “fueron gestores” con una estructura propia que desde las partidas presupuestarias “destinaba fondos al Grupo Austral”. Sus respectivos ministros de Economía de quienes dependía Vialidad Provincial, fueron responsables de “no controlar las obras viales” y contribuyeron en la “dotación de recursos provinciales” a través de “la confección del presupuesto provincial” y de la reestructuración de partidas ejercicio tras ejercicio.

Cuánto dinero entregó cada gobernador
Sergio Acevedo: permitió el flujo de más de 395 millones de pesos a favor del Grupo Báez entre abril de 2004 y marzo de 2006.
Carlos Sancho (socio de Máximo Kirchner): garantizó más de 918 millones de pesos en pagos al empresario K entre marzo de 2006 y septiembre de 2007.
Daniel Peralta: permitió transferencias desde el tesoro provincial a Lázaro por más de 561 millones de pesos entre 2007 y fines de 2009.