Los rectores de las universidades públicas de todo el país decidieron pedir 500 millones de pesos para el Conicet como aporte presupuestario extra; convocar a las casas de altos estudios a adherir a la “ley Micaela” sobre educación acerca de la violencia de género; y reclamar cambios legislativos que pongan en pie de igualdad a las obras sociales con las sindicales.

Las resoluciones fueron adoptadas ayer durante la primera reunión del año del comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que preside el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri, previa al plenario de la entidad que se hará en la Capital provincial el próximo 8 de abril.

Juri precisó  que el pedido de entrega de presupuesto extra al Conicet se sustenta en que casi 70 por ciento de los investigadores trabaja en las universidades públicas. Esa partida extraordinaria a la prevista en las partidas de la Secretaría de Ciencia y Técnica en el Presupuesto 2019 fue aprobada por el Congreso a iniciativa del diputado peronista cordobés Martín Llaryora. Hace ya dos semanas, Juri y el vice del CIN, Jaime Perczyk, le anticiparon el pedido al secretario de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Pablo Domenichini.

Respecto de la adhesión a la “ley Micaela”, sancionada a fines del año pasado, que obliga a la capacitación en violencia de género a todos los funcionarios del Estado, desde el Presidente hasta el empleado de menor categoría, Juri informó sobre la decisión de los rectores para iniciar una suerte de campaña de concientización en las universidades. La medida estará a cargo de la rectora de la Universidad Nacional del Arte, Sandra Torlucci. El objetivo es aprobar una resolución en el plenario de abril del CIN, “que tenga aplicación en todas las universidades”, precisó el rector de la UNC.

Finalmente, decidieron solicitar al Gobierno y al Congreso “los cambios que sean necesarios” de la ley sobre las obras sociales universitarias para igualarlas a las sindicales, en cuanto a que “puedan tener un fondo de cobertura de segundo nivel, con participación del Estado”. Las gestiones ante esos poderes del Estado estarán a cargo del mismo Juri.

También pedirán una ley sobre costos de medicamentos y tratamientos especiales, para que el Estado negocie con los laboratorios, y no tengan que hacerlo las obras sociales o los particulares.