Después del sorteo realizado por la Cámara de Casación, quedó constituido el Tribunal que juzgará a Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. En lugar del fallecido magistrado Jorge Tassara, salió sorteado el juez Daniel Obligado. Así, junto a sus pares Nicolás Toselli y Gabriela López Íñiguez, tendrán a cargo el juicio contra la ex Presidenta y parte de su ex gabinete, acusados de encubrimiento agravado.

Hace un año, el juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral y público a Cristina Kirchner, Héctor Timerman (fallecido hace pocos meses), Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Angelina Abona, Martín Mena, Andrés "Cuervo" Larroque, Alan Bogado y Eduardo Zuaín.

Todos ellos se encuentran procesados por estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, al haber participado con diferentes roles en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

En este expediente, la ex Presidenta es representada por el abogado Roberto Boico, quien junto a Aníbal Ibarra también patrocina a Oscar Parrilli. El ex jefe de Gobierno Porteño presenció este viernes el sorteo realizado por el máximo tribunal penal.

Tras el fallecimiento del juez Tassara -que integraba el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) después de que fue recusada la magistrada Sabrina Namer- la Casación tuvo que designar un nuevo juez. En el sorteo, realizado en la planta baja de los Tribunales de Comodoro Py, salió el juez Daniel Obligado, quien es parte del TOF 5: un tribunal que tiene la causa Los Sauces contra Cristina y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, por supuestas maniobras de lavado de activos a través de la empresa inmobiliaria.
La causa por el pacto con Irán es la quinta investigación contra Cristina Kirchner que se encuentra elevada a juicio oral y público. En otros expedientes, la ex presidenta acumula diez procesamientos y cinco pedidos de prisión preventiva.
El primero de ellos justamente corresponde a la causa iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Tras firmarlo, Bonadio envió al Senado el pedido de desafuero de Cristina, que después de meses fue rechazado.

La semana pasada, con la firma de sus cinco ministros -Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti-, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el procesamiento y la prisión preventiva de la ex presidenta en el marco de este expediente.

La causa se inició después de la denuncia que Nisman presentó en enero de 2015, dos días antes de aparecer sin vida en el baño de su departamento en Puerto Madero.
Durante la instrucción, la justicia determinó que ​existió un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados del atentado contra la sede de la AMIA en 1994.

Tanto el magistrado como el fiscal Eduardo Taiano coincidieron al plantear que los acusados "participaron de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado de la AMIA, en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado, cuya finalidad era, entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán".
Para Bonadio, en el Gobierno de Cristina Kirchner" donde comenzaron a "gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con representantes de la República Islámica de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento".

Según la justicia, el "accionar criminal denunciado" fue "orquestado y puesto en funcionamiento" por la ex Presidenta, a la cabeza de todas las responsabilidades, por "impartir las órdenes" y alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena, Andrés "Cuervo" Larroque, Zuain, entre otros.

En la causa se planteó que el pacto con Irán fue el medio elegido "para llevar a cabo el plan delictivo", el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Kirchner "al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA". Para la justicia, en realidad "se procuraba la normalización de las relaciones con Irán", para "favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados".