Al cumplir tres años preso, y tal como había pedido el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Abel Córdoba, Lázaro Báez continuará en prisión: los jueces de ese tribunal decidieron extender la prisión preventiva del contratista K por otros ocho meses. En pleno desarrollo del juicio por lavado de dinero en "la ruta del dinero K", y pese a que Báez alcanzó el plazo máximo para una preventiva, el TOF decidió volver a prorrogarla.

El socio comercial de Cristina Kirchner cumple este viernes tres años en prisión, desde que el 5 de abril de 2016 el juez Sebastián Casanello ordenó su detención en el marco de la causa en la que se encuentra tres veces procesado por lavado de activos.

La última vez que el TOF 4 decidió que el empresario K continúe en el penal de Ezeiza, los jueces se refirieron a una "causa compleja", y tuvieron en cuenta los vínculos económicos e influencias que continuaba teniendo Báez.

El planteo se reiteró ahora, y los magistrados Néstor Costabel, Adriana Palliotti y María Gabriela López Íñiguez dieron la razón al fiscal Abel Córdoba, quien no sólo recordó que se encuentra en pleno desarrollo el juicio por "la ruta del dinero K", sino que también advirtió que el dueño del Grupo Austral cuenta con otros proceso judiciales en curso y que en breve darán inicio a sus respectivos juicios.

La defensa de Báez había planteado que no correspondía que Lázaro continúe detenido, pues es una supuesta víctima de "linchamientos mediáticos, la persecución a opositores " y "el encarcelamiento de militantes y amigos". El abogado también indicó que su pedido no era una excarcelación, sino "un cese de la prisión preventiva", remarcando que se cumplió "con el límite temporal que impone la ley", es decir dos años más la prórroga de otro.

Pero el fiscal había dictaminado que aún persiste el "riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga" por parte de Lázaro Báez, y que por ello consideró que "debe continuar detenido" hasta que termine el juicio.

Para argumentar su planteo, Córdoba señaló que se detectaron recientemente irregularidades en la intervención de la empresa Austral Agro S.A, dedicada a la administración de los campos. Con esta empresa se intentó vender ganado pese a la inhibición judicial, y hubo movimientos de fondos irregulares.

Según explicó el fiscal, la interventora nombrada por la Justicia en Austral Agro, “dio cuenta de diversas situaciones que revelan que al día de hoy el imputado y su grupo familiar poseen aún influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.

Leandro Báez -el menor de los hijos varones del empresario K-, fue intimado a que explique el faltante de 1,5 millón de dólares de la empresa.

Por ello, Córdoba sostuvo que la situación judicial del empresario K “es más grave que un año atrás, lo que debe ser leído como indiciario de peligro de fuga en relación a la amenaza seria y grave de recibir múltiples condenas por delitos diversos durante los próximos meses”.

Hace pocos meses, Martín Báez -el mayor de los hijos varones del empresario-, quedó detenido por violar las medidas cautelares, ya que se movieron cerca de 5 millones de dólares de cuentas en Bahamas vinculadas a su padre y a sus hermanos. Esto fue planteado como un riesgo de entorpecimiento de la causa.

También se recordó que Lázaro Báez sumó otra causa elevada juicio oral; Los Sauces, donde está procesado junto a Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. De hecho, el 21 de mayo enfrentará por primera vez un juicio por corrupción junto a la ex Presidenta. Se trata de la causa sobre el direccionamiento de la obra pública a favor de su conglomerado empresarial.

Lázaro Báez fue detenido por el juez Sebastián Casanello hace tres años, cuando el avión en el que viajaba desde Río Gallegos aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. En su momento, el magistrado sostuvo su orden de detención señalando que la nave no había presentado su plan de vuelo y eso podía implicar un plan de escape. Pero con el correr de los meses, ya desde la cárcel, el contratista K cometió diversas acciones tendientes a violar las medidas cautelar impuestas.

En este expediente que llevaron adelante el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, se acusó a Báez, a sus cuatro hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina), a Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros, por "integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad". La cabeza de todo, según la justicia, era el contratista K.

Según contabilizó el juzgado, hubo maniobras de lavado por 60 millones de dólares, y esto derivó en embargos de 600 millones de dólares para cada uno de los principales imputados.

​La medida cautelar incluyó, por la misma cifra, a Austral Construcciones y otro conjunto de empresas que intervinieron en la maniobra de lavado de activos. Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por un valor que asciende a los 2.547 millones de pesos.