Todos los meses, el Estado deposita dinero en las cuentas de casi 20 millones de argentinos, convirtiéndose, en la mayoría de los casos, en sostén principal de esas personas.

La cifra es 221 por ciento más alta respecto de 2001, año de inflexión en la historia económica de la Argentina. En ese entonces, eran 6,23 millones de argentinos los que recibían ingresos económicos del Estado.

Desde entonces, y por diferentes razones –sociales, económicas, culturales y electorales–, esa cuenta no ha parado de crecer, al punto de demandar un gasto público que hoy tiene un tamaño gigantesco, equivalente a 42 por ciento del producto interno bruto de la Argentina. Eso significa que de cada 100 pesos que produce genuinamente el sector privado, el Estado gasta 42. El grueso de ese dinero lo obtiene cobrando impuestos y, cuando eso no es suficiente, emite o toma deuda.

La cuenta incluye a quienes son empleados del Estado, en sus tres niveles, y a los que reciben algún beneficio de la seguridad social, sea en forma de jubilación o pensión o como plan social.

Eso implica que, sobre una población de 44,7 millones de habitantes, el 44,5 por ciento depende total o parcialmente del Estado para sobrevivir.

De esos 19,99 millones de personas con ingresos del fisco, los empleados son el segmento más numeroso: cuatro millones de asalariados.

Esa cifra creció 70 por ciento, aunque a ritmo dispar: los municipios, con 703.437 empleados, tienen el doble de trabajadores que tenían en 2001. Las provincias también incrementaron su planta 73 por ciento: pasaron de 1,36 millones a 2,35 millones. Y la Nación creció 59 por ciento, con 198.836 empleados actualizados en 2019.

A esa cuenta hay que agregarle otros 744 mil empleados más, que son los que están en las empresas estatales, los entes autárquicos, los poderes judicial y legislativo. Ese grupo creció 47 por ciento en dos décadas.

En el mismo período, los asalariados privados registrados pasaron de 8,42 millones a 11,68 millones: un alza del 38 por ciento, la mitad que el empleo público.

No obstante, pese al crecimiento del empleo estatal, la participación en el total de beneficiarios del fisco bajó del 38 por ciento al 12 por ciento en casi dos décadas. Esto es porque se agregaron millones de beneficios que antes no existían.

Los que se agregaron

El más importante fue el de jubilaciones vía moratoria, sin aportes: de no existir en 2001 a tener hoy 3,73 millones de beneficiarios, el 18,7 por ciento del total. Este, en términos de impacto fiscal, fue el más significativo, porque representa el 40 por ciento del gasto previsional de Anses.

Esas moratorias se reemplazaron (con excepción de una para mujeres) por la Pensión Universal del Adulto Mayor (Puam), que equivale al 80 por ciento de una mínima. Hay 102.952 con Puam.

La Asignación Universal por Hijo tampoco existía en 2001: en la actualidad hay 4,02 millones de niños y niñas que perciben 2.250 pesos mensuales, hijos de madres que no tienen trabajo o lo tienen en negro.

Y otro ítem que registró un aumento fenomenal es el de las pensiones no contributivas, que pasaron de 332 mil en 2001 a 1,46 millones ahora: es una suba del 342 por ciento. El 80 por ciento corresponde a pensiones por invalidez.

En tanto, hay un crecimiento del 1.334 por ciento en la categoría de planes sociales, que pasaron de 250.442 a 3,59 millones en el período.

Ahí están los planes de desarrollo alimentario, de protección social, de primera infancia, las becas Progresar, los expresos políticos, el programa Hacemos futuro, el Jóvenes con más y mejor trabajo, proyectos productivos y monotributistas sociales. “Y ahí paré la cuenta porque me cansé de contar”, ironiza el economista Roberto Cachanosky, fuente del conteo de los planes.

Desafíos

El hecho de que el Estado sostenga con dinero al 44 por ciento de la población plantea un debate con múltiples aristas: ¿por qué paso esto?, ¿hay que desarmarlo?, ¿cómo?, ¿se puede?, ¿se debe?, ¿qué es lo deseable en términos de bienestar de la población?

“Lo que es indudable es que la estructura económica productiva no está incluyendo a la gente que necesita trabajar y el Estado ha estado compensando”, plantea Daniel Arroyo, diputado nacional del Bloque Red por Argentina, un desprendimiento del massismo.

Para muchos, con esas compensaciones el Estado falló porque asignó mal los recursos, lo hizo sólo con fines de electorales o comprometió ingresos irresponsablemente, porque hay coberturas que deberán pagarse por los próximos 20, 30 y hasta 40 años.

Vale recordar que el Estado no es generador de riqueza: reparte lo que obtiene cobrando impuestos. No produce: distribuye. Eso lleva al primer desafío, que es cuánto produce la otra mitad, que debe sostenerse a sí misma y, a la vez, al Estado.

“Son pocos los que producen riqueza y muchos que consumen de nuestra riqueza, porque somos ocho millones de personas para mantenernos a nosotros mismos más a los 20 millones, por eso desaparece la clase media, no aguanta”, dice Cachanosky.

Ese discurso es más común entre los adherentes al gobierno de Mauricio Macri, quien repite que el Estado debe aliviarle el peso al sector privado, aunque en los hechos en estos tres años poco se ha hecho al respecto, más por imposibilidad práctica que por convicción ideológica.

No obstante, en un país con una pobreza estructural en al menos 30 por ciento de sus habitantes, resulta muy complejo imaginar una asistencia menor.

“El número siempre va a ser alto, las sociedades modernas tienden a tener muchas personas sostenidas; lo cuestionable no es tanto la cantidad de personas sino la ineficiencia de ese gasto, la duplicación de beneficios y la improlijidad con que se han hecho en muchos casos”, plantea Jorge Colina, del centro de investigaciones Idesa.

Y hace una comparación para nada desdeñable: “En 2001 esto no existía, y a las crisis duras que hemos tenido después, como 2009, 2014 con una devaluación fuerte y esta de 2018, la gente las soporta más porque tienen ese ingreso del Estado que en 2001 no estaba”.