Le ha propuesto que acepte una condena de 6 años de prisión, admita los delitos cometidos, entre ellos los de malversación, fraude, falsedad y delito fiscal, y devuelva los 6 millones de euros públicos que le adjudicaron irregularmente los gobiernos de Valencia y Baleares.

De lo contrario, solicitará en su escrito de acusación definitivo, que presentará la próxima semana, una pena que rondará los 20 años de cárcel. La Fiscalía General del Estado y Anticorrupción han dado autonomía a Horrach pero le han desaconsejado que alcance un acuerdo.
El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha mantenido conversaciones durante las últimas semanas con las defensas de los principales implicados en el caso Urdangarin para ofrecerles la posibilidad de suscribir pactos de conformidad que rebajen sus penas. Esta ronda de encuentros ha precedido a la confección de su escrito de acusación definitivo, que presentará la próxima semana.

En el marco de estas reuniones, el representante del Ministerio Público ha trasladado a los defensores de Iñaki Urdangarin su última oferta antes de pronunciarse sobre la petición de condena que va a solicitar para él, y que previsiblemente ronde los 20 años de prisión.

Dispuesto a un acuerdo

Según aseguran a fuentes próximas a las negociaciones, Horrach ha transmitido el mensaje a los abogados del duque de Palma de que estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo, siempre y cuando Urdangarin aceptase una condena de al menos 6 años de prisión y desembolsase 6 millones de euros.

Es decir, si reconociese la comisión de los principales delitos por los que se encuentra acusado, entre otros los de malversación, fraude, falsedad o delito fiscal, y restituyera a las arcas públicas el importe íntegro de los foros que fueron adjudicados desde los gobiernos de Valencia y Baleares al Instituto Nóos que presidía el marido de la Infanta Cristina.

No es la primera vez que ambas partes abordan la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Ya en abril de 2012, se fijó un calendario de encuentros entre los abogados de Urdangarin y la Fiscalía que no fructificó. Los contactos se reanudaron hace exactamente un año y concluyeron con el mismo resultado y por el mismo motivo: Urdangarin sólo está dispuesto a devolver dinero, pero se niega a ir a la cárcel. La Fiscalía ha considerado siempre como condición sine qua non para sentarse a negociar que acepte su ingreso.

En este sentido, el planteamiento inicial del ex presidente de Nóos fue el de aceptar su responsabilidad en la trama pero «sólo a título lucrativo». El fiscal rechazó de plano este ofrecimiento, lo llegó a tildar de «disparatado», y recordó que la investigación judicial ya ha acreditado que el duque de Palma lideró junto a su ex socio Diego Torres una trama para saquear fondos públicos empleando como tapadera una entidad sin ánimo de lucro y como instrumentos, facturas falsas y cuentas en paraísos fiscales.

La Infanta, exonerada de responsabilidad penal

Al tiempo que descartó la propuesta de Urdangarin, Horrach transmitió a sus letrados que sólo admitiría esa figura en el caso de Cristina de Borbón, a la que sí que exonera de cualquier responsabilidad penal.

Durante los encuentros celebrados en noviembre de 2013, desvelados por este periódico, Urdangarin dio un paso más y trasladó que estaba dispuesto a aceptar una pena de dos años de cárcel que, al no tener antecedentes penales, no conllevaría su entrada en la cárcel.

La réplica del fiscal volvió a ser tajante: «No hay nada que hablar si la condena no implica el ingreso en prisión». Y añadió que estaba dispuesto a hablar, siempre y cuando se aceptase una condena de 4 años como punto de partida.

Un año después, el representante de Anticorrupción ha endurecido su postura y ha situado en 6 años la cifra a partir de la cual estaría dispuesto a cerrar un pacto, lo que prácticamente descarta el acuerdo a corto plazo y aplaza la decisión a las fechas próximas al juicio.

Los letrados de Urdangarin avanzan que su cliente no está dispuesto a entrar voluntariamente en la cárcel
Tal y como apuntan a este diario las mismas fuentes, la defensa del duque de Palma quedó en dar una respuesta definitiva pero, al cierre de esta edición, seguía sin hacerlo.

No obstante, y a expensas de que Urdangarin cambie de opinión, los letrados del ex jugador de balonmano ya han avanzado que su cliente continúa en sus trece y no está dispuesto a entrar voluntariamente en la cárcel. Extremo muy diferente es la devolución de los fondos públicos que recibió a través del Instituto Nóos, que sí reintegraría total o parcialmente, siempre y cuando consiga vender su palacete de Pedralbes.

Quedando el grueso del dinero supuestamente malversado a expensas de la operación del palacete, que no encuentra comprador, el entorno de Urdangarin precisa que medita seriamente proceder a la devolución inmediata del importe defraudado a Hacienda, que se eleva a 337.000 euros, con lo que el principal protagonista del caso Nóos obtendría una atenuante inmediata.

Del mismo modo, Cristina de Borbón está gestionando ya con las entidades financieras el pago de su responsabilidad civil en este caso, que ascendería a medio millón de euros y que tiene intención de dejar resuelto cuanto antes.

Por su parte, quien fuera la mano derecha de Urdangarin, Diego Torres, ya ha transmitido que no está dispuesto a alcanzar todavía un pacto de conformidad, toda vez que no se ha visto satisfecha la condición que siempre impuso para ello: que su mujer, Ana Tejeiro, integrante de la directiva del Instituto Nóos, quedara totalmente apartada del caso y recibiera, por parte de Anticorrupción, el mismo trato judicial que la Infanta Cristina.

A su negativa añade que aún tiene en su poder correos electrónicos comprometedores para los duques de Palma y otros miembros de la Familia Real, y que espera el momento oportuno para hacerlos públicos.

Los primeros pactos

Anticorrupción ya ha conseguido alcanzar acuerdos con buena parte de los implicados del caso Urdangarin en Mallorca. Pedro Horrach ha arrancado a algunos de los responsables de los organismos públicos que financiaron las actividades del duque de Palma el compromiso de que confesarán los hechos. Se trata, por ejemplo, del ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía Pino; del que fuera jefe del departamento jurídico de esa entidad, Miguel Ángel Bonet; del responsable de la Fundación Illesport en la etapa de Matas, Gonzalo Bernal; y del ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester. Todos ellos reconocerán que tanto el patrocinio del equipo ciclista Banesto como los convenios de colaboración firmados con el Instituto Nóos en 2005 y 2006 para la organización de los eventos Illes Ballears Forum fueron otorgados a Urdangarin de forma ilegal siguiendo instrucciones del ex presidente balear Jaume Matas. Están, además, dispuestos a devolver parte del dinero distraído si la Fiscalía pide para ellos penas de no cumplimiento.

Fuente:El Mundo