El encuentro, confirmado por fuentes del ruralismo, se producirá luego de que el Congreso habilitara al Gobierno con la ley de emergencia económica a realizar una nueva suba de retenciones, del 30 al 33% para la soja y del 12 al 15 por ciento para productos como el trigo y el maíz, entre otros.

La semana pasada, el Gobierno ya había aumentado del 24,7 al 30 por ciento los derechos de exportación a la soja y del 6,7 al 12 por ciento al trigo y el maíz. Eso generó.

En los últimos días, ese enojo se cristalizó en asambleas que los productores realizaron en distintos puntos del país. Inclusive, en el norte fueron más allá: la Mesa de Enlace Regional NEA NOA concretó el jueves y viernes últimos un cese de comercialización que incluyó controles de cargas en las rutas.

A esas medidas se agregaron pedidos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y de productores de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) para que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), organización a la que están adheridas, lleve adelante un paro nacional sola o en conjunto con la Mesa de Enlace.

Esta última opción se estuvo analizando para el jueves y viernes próximos. Sin embargo, según trascendió, quedó en suspenso a la espera del resultado del encuentro de la reunión entre Fernández y la Mesa de Enlace.

Los ruralistas quieren evitar una nueva suba más allá de que el Congreso ya le dio esa facultad al Presidente.

De acuerdo a estimaciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con el 30 y el 12% de derechos el Gobierno iba a recaudar del sector US$1809 millones extras. Ahora, con retenciones al 33 y el 15% subirá a US$2665 millones.

El 67% del valor incremental de las retenciones irá a la Anses y un 3 por ciento a un fondo para el sector. Son sobre US$856 millones extra de derechos solo unos 24 millones de dólares.

En Armstrong, Santa Fe, uno de los lugares donde hubo asambleas Foto Crédito: Gentileza Marcelo Manera
Para evitar una escalada del enojo de los productores, Fernández ordenó incluir en la ley de emergencia un artículo para segmentar y compensar a pequeños productores y cooperativas.

Es una medida destinada a congraciar al Gobierno con Federación Agraria Argentina y Coninagro, las dos entidades de la Mesa de Enlace cuyos miembros tienen ese perfil de productores. En la Mesa de Enlace también están CRA y la Rural.

Coninagro ha tenido contactos en los últimos días con funcionarios para que se atiendan otras problemáticas de las economías regionales. Esta entidad incluso tiene línea directa con el Ministerio de Agricultura que conduce Luis Basterra. Julián Echazarreta, actual segundo de Basterra como secretario de Agricultura, viene de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), entidad adherida a Coninagro. Echazarreta también fue vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Federación Agraria, en tanto, siempre tuvo como bandera la segmentación, pero como la promesa de Fernández quedó en la ley sin grandes detalles exigió certezas sobre la implementación.

En este contexto, en sectores del ruralismo se aguarda los resultados de la reunión con Fernández antes de decidir una medida de fuerza.

Del lado del Gobierno, más allá de que tomó por sorpresa al campo con la suba de las retenciones, a diferencia de lo que ocurrió durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando se dio el conflicto de cuatro meses por las retenciones móviles, en esta oportunidad las autoridades fueron cuidadosas en las declaraciones sobre el campo. Desde el Presidente al ministro de Economía, Martín Guzmán, destacaron el rol del campo para el país, si bien le aumentaron la presión impositiva en el marco de la ley de emergencia.