Hasta ahora los fiscales federales se habían reunido en almuerzos casi secretos para mascullar bronca contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. Planeaban estrategias de resistencia a sus avances. Intercambiaban ideas por WhatsApp, más seguro que el teléfono. Hablaban con periodistas para expresar su malestar, pero con el compromiso de que no fueran publicados sus nombres. Pero ayer salieron a dar la cara a través de una de las entidades que agrupa a una parte de ellos.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, una entidad que abarca a magistrados de un amplio espectro ideológico y entre cuyos asociados está incluso la propia Gils Carbó, salió a denunciar en un duro documento los "peligros" de las designaciones realizadas por la procuradora, el "daño nunca visto" que provocaron sus decisiones, los "oportunistas" traslados de fiscales que dispuso, los que, dijeron, "obedecen a intereses políticos".

"El Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder que debe ser independiente del Poder Ejecutivo de turno, velando por los intereses de los ciudadanos, y no de un partido político o gobierno circunstancial", escribió la entidad. El texto está firmado por su presidente, Carlos Donoso Castex, un fiscal que supo tener buen diálogo con Gils Carbó; los vicepresidentes Ricardo Toranzos y Marcelo Munilla Lacasa, y la secretaria Susana Pernas.

La Asociación de Fiscales tiene unos 170 asociados y representa a cerca de la mitad de los 400 fiscales nacionales y federales. Hasta ahora había preferido el silencio y había recibido críticas de otros fiscales que los acusaron de "tibios". Pero ayer se despacharon con un profundo cuestionamiento a toda la gestión de Gils Carbó, a quien le habían dado su apoyo en el Senado cuando fue propuesta por la Presidenta.

Estas manifestaciones críticas se suman a las que ya hizo públicas la Asociación de Magistrados (entidad gremial que representa a los jueces y a los fiscales), que directamente dijo que la designación de fiscales subrogantes en 18 fiscalías de todo el país busca garantizar la "impunidad" de los funcionarios del Gobierno investigados por corrupción.

En cuatro carillas la Asociación de Fiscales cuestionó:

- el "exorbitante aumento" en la cantidad de empleados y funcionarios designados en la Procuración, en forma directa, sin requisito, sin concurso ni evaluación, mientras los fiscales a cargo de casos criminales deben elegir a sus colaboradores, no entre gente de su confianza, sino de una lista provista por la Procuración, donde figuran algunos de los que aprobaron un examen dentro del régimen denominado de "ingreso democrático" al Ministerio Público.

- que se tomó juramento a fiscales designados para ocupar cargos en Formosa, Santiago del Estero, Posadas, Goya, Corrientes y General Pico, que en lugar de ejercer los cargos donde fueron designados "han actuado como oportunistas" y fueron trasladados a Comodoro Py 2002, "lo que constituye una burla al sistema de designaciones y al Senado". Por este asunto, ya hay una denuncia contra Gils Carbó que presentó el senador radical Mario Cimadevilla, y el fiscal Guillermo Marijuan pidió indagar a la procuradora. Allí se acusa a los que aceptaron el cargo y a quien los designó. Dijo la Asociación que los "traslados de fiscales sin experiencia y recién designados" constituyen "ventajas indebidas y obedecen a intereses políticos ajenos a la independencia".

- el intento de destituir al fiscal José María Campagnoli y el desplazamiento del fiscal Carlos Ernst.

- los sumarios contra fiscales para presionarlos.

- los atrasos en los concursos viejos y los concursos exprés de esta gestión donde "casualmente" los elegidos trabajaban en la Procuración o habían sido designados como subrogantes por Gils Carbó.

- la "peligrosa" designación de fiscales subrogantes "sin necesidad o urgencia" que lo justifique, ya que no se dictaron las leyes necesarias para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. "Estas designaciones demuestran improvisación y que tienen otros objetivos ajenos a la implementación del Código."

- nombrar dos fiscales en la Fiscalía de Cámara de modo de "limitar notoriamente" con funcionarios que no llegaron allí por concurso la actuación del fiscal Germán Moldes.

- "Se menoscaba e ignora a fiscales con años de carrera" que demostraron independencia para dar "enormes atribuciones" a fiscales sin experiencia, recién designados cuyos méritos en muchos casos parecen ser la afinidad de ideas políticas y no la capacidad profesional".

"Existe una politización en el Ministerio Público", denunciaron los fiscales en su documento que se parece a la descripción de hechos que antecede a una denuncia penal.

LAS QUEJAS ANTE LA PROCURACIÓN

Los fiscales cuestionaron las designaciones, los concursos y el favoritismo político

"Lo que se está viviendo dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación es algo nunca visto, que está generando un enorme daño a la institución y que será muy difícil de revertir en un futuro"

"Se nombraron una cantidad de empleados y funcionarios ampliando en forma exorbitante la estructura de la Procuración"

"Se ha tomado juramento a fiscales que fueron designados en Formosa, Santiago del Estero, Posadas (Misiones), Goya (Corrientes) y General Pico, y que en vez de ejercer los cargos para los que fueron designados actuaron como oportunistas y fueron trasladados para cubrir vacantes en Buenos Aires, lo que constituye una burla al sistema de designaciones y al Senado"

"Es muy peligrosa la gran cantidad de fiscales subrogantes que ha designado la doctora Gils Carbó durante su gestión"

"La designación de un gran número de fiscales generales como subrogantes sin ninguna necesidad o urgencia tiene otros objetivos ajenos a la implementación de un Código Procesal que aún no se aplica"

USINA DE JUSTICIA, CONTRA LA PROCURADORA

Usina de Justicia, un foro recientemente creado, envió una carta de respaldo a la Asociación de Magistrados para apoyar a los "hostigados por la arbitrariedad" de Alejandra Gils Carbó". Sostuvo que la procuradora "avanza a través de la ocupación de cargos clave en el Ministerio Público Fiscal con miembros del colectivo oficialista Justicia Legítima pretendiendo la impunidad en las investigaciones por corrupción". Integran la entidad Diana Cohen Agrest, Daniel Sabsay, María Zaldívar, Alejandro Fargosi, Daniel Roggero, Santiago Kovadloff y Patricia Terán, entre otros.

Fuente: FMF- Agencias Buenos Aires