Con la extensión de la cuarentena obligatoria y la parálisis en la actividad económica, muchas empresas comienzan a reorganizar sus esquemas laborales y revisar sus números para avanzar en el corto plazo. Recortes en las jornadas de trabajo, licencias y ajustes en el salario son algunas de las medidas que algunas firmas ya implementaron y otras comienzan a analizar para su aplicación en abril.

El sector del comercio es uno de los más golpeados por la ausencia de gente en las calles. En ese escenario, la empresa Dabra SA, que controla marcas como Dexter, Stock Center y Netshoes, decidió cerrar temporalmente sus locales y licenciar a su personal hasta fin de mes. La firma comunicó su decisión a través de un correo electrónico, con el argumento de "cuidar la salud de la compañía".

A los empleados afectados, se les comunicó que en abril percibirán el 50% de su salario. Las oficinas comerciales de la compañía, mientras tanto, también permanecen cerradas hasta el 13 de abril, fecha hasta la cual se extendió el aislamiento obligatorio. 

La industria automotriz es otro de los castigados por la cuarentena , que paralizó el mercado y obligó a la suspensión del trabajo en las plantas. En este contexto, General Motors anunció ayer que puso en marcha un esquema de reducción de jornadas laborales y suspensiones para su personal administrativo, que está desempeñando sus tareas en modalidad home office. Ese plan, además, contempla una reducción del haber mensual, para cada caso, del 12,5% y del 25%.

La medida estará vigente inicialmente durante abril, aunque realizarán "revisiones periódicas" según la evolución del mercado y las medidas de aislamiento que dicta el Gobierno. La compañía, a su vez, avanzó con suspensiones de operarios bajo el convenio colectivo de trabajo vigente con Smata, y paga un 70% del salario.

Otras empresas del sector aplicaron esquemas similares para los empleados de sus plantas productivas, pero indicaron que no hubo cambios en la dinámica del personal administrativo. De todas maneras, advierten sobre el impacto de la pandemia en el sector y plantean que las empresas toman medidas en todo el mundo.

"Lo más factible es que en el caso argentino venga por el lado de demorar ajustes por inflación", indican en una de las grandes terminales.

Mientras tanto, firmas de rubros diferentes analizan diariamente la evolución de las variables macro y los números de su negocio en los comités de crisis conformados en su cúpula directiva. Consultados por medidas vinculadas con las jornadas laborales o el salario, algunas niegan que se hayan implementado cambios. "Por ahora", enfatizan.

El sector de la construcción, con la actividad paralizada, está entre los más comprometidos. El caso de Techint, que suspendió todos los proyectos de su constructora (Teic) y desvinculó a 1450 operarios contratados, en una decisión que disparó un conflicto con Alberto Fernández y motivó el dictado de la conciliación obligatoria, fue el más resonante entre muchas otras compañías en situación similar.

En este marco, el Gobierno creó hoy el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que se suma a la prohibición de despidos sin causa por 180 días. Esta iniciativa, oficializada en el decreto 332/2020, establece una postergación o reducción de hasta el 95% en el pago de contribuciones patronales y asignación compensatoria del salario para empresas de hasta 100 empleados. Para las empresas que superan ese número, se habilita el acceso a Repro que permitan cumplir con el pago de salarios.

"Hasta el 31 de marzo, todo el mundo esperó. Esto recién arranca ahora", dice Daniel Funes de Rioja, titular de la alimenticia Copal y vicepresidente de la UIA. El dirigente integra el comité de crisis de la entidad fabril, desde donde monitorean la evolución de variables y las normativas que establece el Gobierno. El presidente de la entidad, Miguel Acevedo, dijo ayer en declaraciones radiales que el 80% de la industria "está parada" y que el restante 20% opera "con dificultades".

Funes de Rioja advierte que por el momento no hubo medidas de ajuste salarial en las empresas de alimentos, pero advierte que la prolongación de las medidas de aislamiento llevará a las compañías a aplicar cambios mientras dure la cuarentena.

"Pedimos un marco normativo a partir de abril. No compartimos desde la filosofía la prohibición de los despidos", dice el influyente dirigente empresario. "Hay que sacar cargas sociales, facilitar acuerdos salariales y complementar las asignaciones no remunerativas desde el Estado si el empleador no llega", agrega.

En ese contexto, Funes de Rioja advierte que las empresas recurrirán a la Ley de Contratos de Trabajo, más específicamente a su artículo 223 bis, donde se establecen condiciones para la prestación de salarios no remunerativos en casos de suspensión o reducción de trabajo por fuerza mayor. En ese marco, los empresarios reclaman que se establezcan esquemas salariales con recorte de cierto porcentaje y bajo modalidad "no remunerativa", para que el trabajador no perciba las retenciones habituales y reciba el monto neto.