El Gobierno envió nuevas señales en los últimos días sobre su política fiscal y salarial en la previa a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La orden tajante que baja del ministro de Economía, Martín Guzmán, es la de cuidar los recursos, poniendo la lupa sobre un rubro en especial: los salarios del sector público.

La meta delineada por estas horas es controlar el déficit fiscal, para lo cual según las autoridades sería necesario extender el congelamiento de las paritarias de dos millones de empleados públicos en todo el país, incluidos los de las provincias y municipios.

El argumento oficial es que los fondos ya están comprometidos para el pago del paquete de emergencia a 11 millones de personas y más de 320.000 empresas, junto con los haberes de seis millones de jubilados. Ese fue el mensaje que transmitió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, hace dos semanas, al titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, y su secretario adjunto y titular de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy.

"Vamos a llegar este año a un déficit del 7% del PBI, la economía no aguanta más", confesó el funcionario. "Si abrimos la paritaria estatal, no podemos pagar el IFE, ATP ni a jubilados", advirtió.

De esa manera, Moroni sepultó las expectativas de reabrir la discusión salarial en el sector público, pese a la súplica de los sindicalistas: "el congelamiento nos está matando".
Los estatales siguen en lo más bajo del ránking de las paritarias. La administración nacional recibió un 28% de aumento en 2019, sin la revisión prevista de noviembre y febrero. Luego, un adelanto no remunerativo de $3.320 netos a principios de este año en sueldos de bolsillo de hasta $50.000. Y en junio pasado, el Gobierno volvió a aplazar sin fecha la paritaria y decretó el pago en cuotas del aguinaldo en ingresos de más de $60.000.

La batería de malas noticias fue rechazada por todos los gremios estatales, incluido por el titular de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez. "El Gobierno pidió un cuarto intermedio que no tiene fecha precisa, pero mientras tanto estamos presionando para que haya una salida salarial", dijo en los últimos días el secretario adjunto de la CGT a Radio El Destape. Sin contar la suma fija del 2020, el convenio de la administración nacional (SINEP) en julio estaba un 19% por debajo del año pasado y un 42,3% respecto del 2015, según el cálculo del director del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos.

Después de anunciar en campaña una mejora de los salarios, los funcionarios afirman ahora que el objetivo es "aliviar el esfuerzo fiscal". El diferimiento del sueldo anual complementario, por caso, permitió reasignar cerca de $8.000 millones en subsidios a las empresas, entre otros rubros.

El Gobierno está preocupado por el desplome de la recaudación debido a la caída de ingresos, que en junio retrocedió un 13% real y acumuló siete meses seguidos en baja. Pero también mira la expansión del gasto por la pandemia. En el primer semestre superó más de la mitad del deficit primario de $900.000 millones, equivalente al 3,2% del PBI.