Si el 2021 vuelve a ser un año de disparada de precios como proyectan las consultoras, no así el Gobierno, los jubilados nuevamente perderán su capacidad de compra.
La nueva fórmula de movilidad propuesta por el Gobierno ata las jubilaciones y pensiones al alza de salarios y la recaudación de la Anses tal como ocurrió entre 2009 y 2017. De esa forma, deja de lado la inflación, principal escollo de reclamo de opositores y abogados previsionalistas.

Ocurre que en tiempos de crecimiento económico y marcha de la economía, la fórmula presentada por el oficialismo es beneficiaria para los jubilados, pero en épocas de recesión y procesos inflacionarios, como los ocurridos en los últimos 3 años, les juega muy en contra.

Y la propia experiencia lo demuestra: con la fórmula sancionada a fines de 2017 (30% salarios + 70% inflación) que además contaba con un rezago de 6 meses del índice, las jubilaciones perdieron 19,5% entre 2018 y 2019.

En 2018 arrancó la recesión, que aún continúa, más la corrida cambiaria y la desbandada de los precios y megadevaluación, además de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, suba de pobreza y desocupación así como pérdida del empleo registrado. En este combo explosivo, los jubilados fueron de los que más perdieron.

Y en 2020 cuando podrían haber recuperado bastante de los 20 puntos porcentuales erosionados en dos años, por los aumentos dados por decreto por el presidente Alberto Fernández, solamente los jubilados que cobran la mínima le ganaron a la inflación 6,6%, pero así y todo fue menor al aumento que tendrían que haber recibido con la fórmula que quedó suspendida en diciembre de 2019.

Entre enero y septiembre de 2020, con la fórmula del gobierno de Mauricio Macri las jubilaciones habrían aumentado 35,9% (la mínima sería hoy de $19.124), pero con las subas por decreto el alza en 9 meses fue del 28,9% ($18.129), es decir, 7 puntos porcentuales menos. Los jubilados que cobran el haber mínimo son 6,1 millones, el 74% del total.

El resto de los jubilados o le empataron a la inflación de enero a septiembre de este año, o bien perdieron hasta 18 puntos porcentuales, como los que cobran la máxima, que tienen una jubilación actual de $120.000, aunque hubiera sido superior a los 140.000 con la fórmula anterior.

Frente a este contexto, el gobierno de Alberto Fernández propuso ajustar cada 6 meses las jubilaciones y con un rezago de 3 meses a fin de evitar el feroz descanse entre el momento económico que cobran y el índice que se toma.

Jubilaciones: qué pasa si hay inflación alta

La fórmula propuesta no establece compensación alguna por la pérdida de haberes jubilatorios durante 2018 y 2019, y durante 2020, que afectó a jubilaciones medias y más altas.

Y como el proyecto no garantiza que los aumentos de haberes sean superiores a la inflación, es que gran parte de la oposición y abogados previsionalistas reclaman que la ley que se vote en el Congreso agregue una "cláusula gatillo".

"La fórmula es muy buena, pero para que sea excelente tiene que tener una cláusula gatillo, ya sea por inflación u otro indicador para darle certeza y previsibilidad a al menos los abuelos más vulnerables de que no van a perder ante una escalada inflacionaria", sostuvo a minutouno.com el abogado previsional Christian Dallesandro.

De igual forma se expresó Silvia Arce. "Si el país crece como proyecta el Gobierno, genera sueldos y produce empleo en blanco, la fórmula será favorable, pero si la realidad económica no resulta la esperada, hará que los abuelos vuelvan a perder y será una mala fórmula, por eso es muy difícil pensar en este esquema hoy cuando está tan alejado de la alta inflación que vivimos".

"Volver a una ley de movilidad es muy importante y no que haya aumentos por decreto porque así se le da tranquilidad a los abuelos, ya saben que tendrán aumento y cuál será el porcentaje y no que queda supeditado a la decisión del presidente de turno", añadió la abogada previsional.

En ese sentido, adhirió al reclamo de que se incorpore una cláusula gatillo para evitar que los haberes jubilatorios se pulvericen frente a la escala de los precios.

Cómo es el esquema de aumento propuesto

El aumento de marzo se basará en las variaciones de los salarios formales (RIPTE) y la recaudación tributaria de la Seguridad Social por beneficiarios que se produjeron entre julio y diciembre del año anterior.

Es decir, en caso de ser aprobada la ley en el congreso, en marzo de 2021 el aumento jubilatorio ya se sabe será escaso porque la recaudación de este año, con brutal caída del PBI entorno al 12%, será baja además de la erosión de los salarios por la crisis producto de la recesión que arrastra el país desde 2018 y agravada por la pandemia de coronavirus.

Pero en caso de que el próximo año la economía crezca el 5% como prevé el Gobierno en el Presupuesto 2021 y mejore la evolución de los salarios, hacia fin del año que viene, las jubilaciones podrían no perder capacidad de compra.

Tope al aumento de las jubilaciones

la fórmula propuesta establece que se comparará el índice salario- recaudación con la recaudación total de la ANSeS por beneficio de los últimos 12 meses, incrementada en un 3% y de ambos se elegirá el menor.

De este modo, aunque la fórmula toma en cuenta salarios formales, recaudación tributaria y padrón de beneficios, finalmente la recaudación total de la ANSeS, por beneficiarios, fijará el límite de los aumentos de haberes.

"Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017", indicó el Gobierno.

Si los gastos no podrán crecer más que los recursos, no habría garantía de que los jubilados y pensionados puedan mantener como mínimo el poder adquisitivo de sus haberes.

De esta forma, las jubilaciones y pensiones pasan a ser una de las variables del "ajuste" fiscal y previsional, lo que constituiría la piedra angular del proyecto, porque es lo que le permitirá al ministro de Economía, Martín Guzmán, sentarse a negociar con el FMI.