La presentación de la comisión de juristas en la Casa Rosada por parte de Alberto Fernández (Presidencia de la Nación)
Hoy será la última reunión del consejo de juristas que armó el presidente Alberto Fernández, en el marco de la reforma judicial, para que hará recomendaciones al Ejecutivo para cambiar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, junto a la implementación del juicio por jurados y el traspaso de la justicia penal nacional a la órbita porteña. Mañana, ese informe de los expertos hicieron durante 90 días será entregado al jefe de Estado, sin haber escuchado las opiniones de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

La reunión de hoy, entre las 11 y las 13, como todas las que tuvieron lugar a lo largo de este período, buscará ajustar los últimos detalles. “El fondo ya está, faltará acomodar alguna coma, algún proceso de redacción”, minimizaron los consultados. “Nos vamos a dedicar a la despedida”, comentó otro a Infobae. Fueron varios los que celebraron volver a tener los sábados libres, teniendo en cuenta que las reuniones durante estos tres meses fueron los martes y los sábados, y en el último tiempo le sumaron algunos viernes para llegar a tiempo.

Lo que diga el consejo no es vinculante. Quedará a criterio del presidente qué hacer con esas sugerencias. Pero, tal como lo adelantó Infobae el domingo, los expertos ya llegaron a un consenso sobre las reformas a sugerir. No todo saldrá por mayoría y por eso habrá que ver qué grado de apoyos internos también tienen las sugerencias de la comisión. No es lo mismo un 6 a 5 que una resolución unánime. Una de esas cuestiones, por estas horas sensible, versa sobre la forma de elegir al Procurador General de la Nación. Hasta el fin de semana, la cuestión estaba empatada, pero la balanza podría inclinarse sobre la hora para imponer la mayoría absoluta como forma de votación del jefe de los fiscales, es decir, la mitad más uno de los miembros del Senado.

Aunque el texto de los juristas sólo se plantea como una sugerencia al Ejecutivo, la propuesta llega en medio del debate que se da en el Senado en el marco de la propuesta del juez Daniel Rafecas para ser titular de la Procuración. Lo que sí está claro es que buscan ponerle un plazo al cargo -y que deje de ser vitalicio- y que la destitución se mantenga en los dos tercios.

El texto que se presentará -que en los tramos centrales fue trabajado por los abogados Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera- , abarcará más de 500 páginas, en donde se hizo hincapié en un “enfoque transversal sobre género, federalismo e innovación”. Habrá un capítulo con propuestas, otro con fundamentos y un último con las opiniones de los expertos que pasaron por la comisión para dar su parecer.

Por allí estuvieron presentes desde el Procurador interino Eduardo Casal (sorprendido igual por el poco tiempo que le tocó disertar) y la Defensora general Stella Maris Martínez hasta el titular del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones y el representante del gremio de los judiciales Julio Piumato, pasando por la Asociación de Magistrados, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados o la Academia de Ciencias Morales y Sociales, entre otras. Incluso se invitó a la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y la representante de Madres línea fundadora “Taty” Almeyda.
Primero cuando los ministros faltaron a la presentación inicial en la Casa Rosada, a excepción de la jueza Elena Highton, quien llegó al máximo tribunal por sugerencia de Alberto Fernández cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Eran momentos en que se generó la convicción pública de que la comisión buscaba ampliar la Corte Suprema. La presencia de Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner y crítico de cómo funcionó el máximo tribunal con las causas de la vicepresidenta durante el gobierno de Mauricio Macri, reforzaron esa creencia.

Pero después porque el jefe de Estado nunca activó las invitaciones para que los jueces del máximo tribunal fueran invitados a disertar. Todo sucedió justo cuando los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli recurrieron a la justicia para frenar los traslados que decidió revisar el Consejo de la Magistratura y el Senado los desplazó a sus lugares de origen cuando faltaron a la audiencia del Senado. En ese contexto, la Corte Suprema aceptó los recursos de per saltum que pidieron los jueces, en una movida que tomó por sorpresa al Gobierno.

Ya fue tarde para cuando el máximo tribunal decidió poner en jaque el sistema de traslados -dejando momentáneamente a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal, pero provocando un terremoto interno para el universo de jueces que se cambiaron de sus lugares de origen-. A la comisión solo le faltaban dos semanas de funcionamiento y ya tenían todo avanzado.

El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación”, presentado el 29 de julio en la Casa Rosada, está integrada por los abogados Carlos Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo, coordinados por el abogado y funcionario Fabián Musso.

Los integrantes de la comisión que creó Alberto Fernández
Los integrantes de la comisión que creó Alberto Fernández
Durante estos 90 días resolvieron todo a puertas cerradas, pero se sabe que sus deliberaciones no serán todas por mayoría. Habrá dictámenes también para las consideraciones personales. Para todo, prometen explicaciones de las posturas planteadas. Sí se sabe que no se pronunciarán sobre cuántos miembros debe tener la Corte Suprema de Justicia. La creación de esta comisión puso en la mira ese intento, pero la mayoría de los expertos decidió no pronunciarse sobre este tema porque no estaba en el temario solicitado por Alberto Fernández.

Pero plantearán la creación de un tribunal previo a la Corte Suprema para intentar descongestionar al máximo tribunal del tráfico de recursos por arbitrariedad que llegan a esa instancia. Además, habilitan la Suprema Corte de Justicia porteña como canal de apelación en la órbita de la justicia nacional, como una manera de marcar la “cancha” a la hora de pensar en el traspaso a la órbita de la justicia local de los fueros que aún no fueron alcanzados.

Sí habrá propuestas para modificar el Consejo de la Magistratura y allí habrá que ver qué repercusión política tiene el proyecto que se eleve. ¿ Por qué? Porque la comisión va a sugerir cambiar la estructura que rige para hoy en el organismo que selecciona y controla a los jueces. Aquella estructura había sido ideada por Cristina Kirchner cuando su marido era presidente, para reformar el Consejo -que inicialmente se conformaba por 19 integrantes, y el número 20 era el presidente de la Corte Suprema-.

Esta iniciativa busca quitarle el peso de la política al organismo: cuatro jueces (hoy hay tres), cuatro académicos o científicos (hoy hay uno), cuatro abogados (hoy hay dos) y cuatro representantes de la política (hoy hay siete). De esos siete, uno es el representante del Ejecutivo que ya no tendrá lugar en este nuevo escenario. Y para todos se busca dedicación exclusiva. Habrá además cuestionamientos a la falta de celeridad de los concursos y de los procesos de enjuiciamiento.

Pero las miradas políticas apuntarán por estas horas a lo que la comisión tenga para decir sobre cómo debe ser electo el Procurador General de la Nación. El kirchnerismo duro no esperó la sugerencia de la comisión que armó Alberto Fernández y decidió poner sobre la mesa de debate los proyectos de ley que reclamaban un cambio en la manera de elección y en la duración del mandato. Con esto, señalan en los tribunales, los aliados de la vicepresidenta no sólo se adelantaron a lo que pudiera recomendarle al presidente los expertos que él eligió. También opacaron la candidato de Rafecas, que desde marzo espera que se lleve al recinto su pliego y se lo convoque a una audiencia pública.

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A horas de que el informe llegue a manos del Presidente, por estas horas aislado por ser contacto estrecho de un contagiado por conoravirus, la comisión tenía entre sus objetivos distintos puntos a responder. Aquí el detalle:

*Sobre la Corte Suprema se les pidió “un análisis de su funcionamiento que incluya: a) el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.

*Sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, se deberá realizar una análisis que evalúe “a) La conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Evaluación acerca de los cargos de consejeros, y analizar si los mismos deben ser de dedicación exclusiva; c) Análisis sobre la forma de dotar de una mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de administración de justicia; d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los actos que hacen a su funcionamiento; y e) Análisis de la inclusión de un criterio federal para la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

*En el Ministerio Público, se deberá realizar “un análisis sobre su funcionamiento que incluya: a) La conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios; b) Respecto del Ministerio Público Fiscal, realizar una evaluación acerca de la posibilidad y conveniencia, o no, de incorporar a su estructura a la actual Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera; c) Respecto del Ministerio Público de la Defensa, analizar la posibilidad de integrar, mediante convenios, al servicio de defensa oficial, a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones; y d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa y en los actos que hacen a su funcionamiento”.

*Respecto del sistema de juicios por jurados, realización de un análisis sobre los criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional.

*También un análisis para finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones a los valiosos recursos humanos con los que cuenta el actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. “Todo ello teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 4 y 7 del año 2018”, que son las que analizaron el tema de los traslados de jueces, hoy en la mira del Consejo de la Magistratura.