Tras una semana de suspense nacional y con el país pendiente de los nombres, el Tribunal Supremo brasileño reveló el contenido de la lista negra de los políticos sospechosos de estar implicados en el multimillonario escándalo de corrupción de la empresa pública Petrobras, que la policía bautizó operación Lava-Jato (lavacoches). El listado, elaborado por el Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, contiene 54 nombres, de los cuales 49 son denominados por la Fiscalía “autoridades” aforadas. Las hay del Partido de Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT) pero también de otros, como el PMDB y el PP que, actualmente, conforman la precaria y muchas veces voluble base sobre la que se asienta la alianza parlamentaria que sostiene al Gobierno. 

Con todo, los sospechosos no sólo provienen de ahí: también hay políticos del Partido de la Socialdemocracia (PSDB), actualmente en la oposición.

En el listado figuran auténticos pesos pesados de la política del país, como el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, del PMDB, formación aliada al Gobierno y el presidente del Senado, Renan Calheiros, de la misma formación. Hay también exministros, como Mário Negromonte, antiguo ministro de Ciudades de Dilma Rousseff, exgobernadores, como António Anastasia, y hasta un expresidentes de la República, como el actual senador Fernando Collor de Melo, que gobernó Brasil desde 1990 a 1992, cuando renunció poco antes de ser objeto de un impugnación parlamentaria debido a acusaciones, precisamente, de corrupción.

Los incluidos en la lista serán ahora investigados cuidadosamente por el Surpremo. Este decidirá después si les imputa un delito o no, esto es, si hay pruebas suficientes como para sospechar fehacientemente que se beneficiaron del esquema general de corrupción que atravesaba de arriba abajo la petrolera pública, que envolvía a exdirectivos detenidos por embolsarse millones de dólares, grandes empresarios acusados de sobornar para lograr contratos millonarios y –ahora- políticos que, a juicio del Fiscal, se han quedado con dinero de la petrolera o que han desviado fondos para financiar sus campañas electorales. Los números son mareantes: la Fiscalía calcula que en la década pasada han sido dustraídos de la caja de la petrolera, al menos, entre 3.000 y 6.000 millones de euros.

Todo esto envenena y perturba la ya de por sí complicada vida política brasileña en un momento particularmente delicado desde el punto de vista económico. Un ejemplo de lo primero es el rechazo, esta semana, por parte del presidente del Senado, de una importante medida de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno de Rousseff. Calheiros, incluido en la lista negra, adujo que lo hacía por considerar que la propuesta (una subida de impuestos a las empresas) no era constitucional. Pero muchos analistas han visto en el gesto, una auténtica demostración de fuerza, una suerte de venganza particular contra lo que él considera una maniobra política. El mismo Calheiros despotricó hoy contra el Fiscal General, al que acusó de atropellar la ley y al que reclamó una oportunidad para defender su persona.

Nadie, pues, puede saber las infinitas implicaciones ramificadas que el caso acarreará con tal cantidad de políticos con poder en la mano y con capacidad de influir en la marcha de la legislatura envueltos en un proceso seguido al minuto por la prensa brasileña. Por lo pronto, la vida política, durante esta semana, giró exclusivamente sobre la divulgación inmediata o no de la lista y sobre la inclusión o no de tal o cual personalidad.

Todo esto acontece, además, cuando Brasil atraviesa un periodo convulso desde el punto de vista económico: la inflación se desboca hasta un 7,7% debido a las nuevas tasas de la gasolina, el paro se incrementa poco a poco (aunque aún se encuentra en torno a un 5%) y la recesión económica ronda un país que en 2010 crecía un ritmo del 10%. Para contener la inflación, un Gobierno acorralado económicamente ha decidido subir los tipos de interés, a fin de enfriar la economía. Es decir, Rousseff, en una especie de círculo vicioso, se ve condenada a trabar el consumo para que no se dispare una inflación alimentada a su vez por los impuestos que el mismo Estado precisa porque no ingresa debido al catarro de la economía. Por si faltara algo, el seísmo político que se desencadena con la divulgación de la lista y con el largo y tortuoso proceso judicial que se avecina, afectará, además, a la ya de por sí complicada Gobernabilidad del país.

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