Karina Cichero, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas este lunes pese al decreto del Gobierno Nacional que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital.

Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.

Estas dos organizaciones interpusieron dos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas.

Acto seguido, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y ahora deberá resolver.

La prohibición del dictado de clases presenciales alcanza a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.

En una primer momento, el reclamo fue a parar al despacho del juez del fuero contencioso administrativo Marcelo Segón, quien consideró que no debía intervenir y pidió que todo sea enviado a su par Romina Tesone, que el viernes por la noche se declaró incompetente para resolver frente al amparo presentado por las Defensorías Oficiales en representación de los padres.

La magistrada explicó que como la Ciudad ya recurrió a la Corte, ahora se debe esperar la resolución del Máximo Tribunal.

Posteriormente, los camaristas Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, pidieron la opinión del Ministerio Público Fiscal dirigido por Juan Mahiques.

El MPF resolvió entonces hacer lugar al pedido de los amparos: garantizar las escuelas abiertas este lunes, y así, anular los alcances del DNU en este aspecto.