El juez sanjuanino que investiga la fuga de cianuro en la mina Veladero de San Juan imputó a nueve empleados de Barrick Gold y no descartó responsabilidades del gobierno provincial, tras el derrame de un millón de litros de esa solución contaminante en aguas de la provincia.

En tanto, la Justicia federal realizó ayer operativos en las secretarías de Ambiente y Minería de la Nación y en organismos públicos de San Juan en búsqueda de información sobre el funcionamiento de la empresa minera.

El juez sanjuanino Pablo Oritja informó que imputó por el delito de contaminación ambiental a nueve empleados de la minera Barrick Gold y advirtió que pueden ser más los acusados por sus responsabilidades en el derrame de cianuro que se produjo el 13 de setiembre en la mina Veladero.

En declaraciones a radio La Red de San Juan, el magistrado dijo que se continúa recolectando información para determinar las causas del incidente en el emprendimiento minero que opera la firma canadiense.

“Hay una idea clara de lo que puede haber pasado. No descartamos la omisión en los controles que debía realizar el Estado, motivo por el cual hemos solicitado la documentación de los organismos que tenían competencia”, sostuvo.

El juez Oritja detalló las medidas que exigió a Barrick Gold para levantar la suspensión de las actividades y aseguró que de ahora en más habrá un control más estricto del funcionamiento del emprendimiento sanjuanino.

Fuentes judiciales informaron que el juez federal Sebastián Casanello dispuso órdenes de presentación para que los ministerios de Salud y Minería nacionales entreguen información sobre permisos y proyectos de explotación de la Barrick Gold.

Los operativos fueron ordenados a pedido del fiscal federal Ramiro González, que imputó y solicitó abrir una investigación contra el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; el presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé; el secretario ambiental provincial, Domingo Tello; y directivos de Barrick Gold.

Tras los procedimientos, que realizó la División Delitos Ambientales de la Policía Federal, el magistrado delegó la causa en el fiscal González, que además es el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) de la Procuración General.

El magistrado requirió, mediante exhortos a la Justicia de San Juan, que las dependencias provinciales de Minería, Ambiente y Salud locales entreguen información sobre el funcionamiento y las autorizaciones de la compañía canadiense.

En cumplimiento de esa orden judicial federal, el juez sanjuanino Maximiliano Blejman allanó ayer despachos en los ministerios provinciales de Minería y Salud Pública, la secretaría de Ambiente y en el edificio de Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

En este sentido, el gobierno de San Juan informó en un comunicado que a través de sus ministerios y secretarías puso a disposición “la totalidad” de la información referida a la “contingencia” ocurrida el 13 de setiembre en la mina Veladero.

En tanto, la senadora nacional por San Juan Maira Riofrio atribuyó a un “sabotaje político” el derrame de cianuro en la mina Veladero, por lo que reclamó a la Justicia provincial que oriente la investigación en ese sentido.

“La compuerta estaba abierta a 40 días de las elecciones”, dijo la legisladora kirchnerista al portal Tiempo de San Juan, y agregó: “En épocas electorales las casualidades no me cierran”.

“Tengo una visión muy particular sobre la posibilidad de un sabotaje y de un sabotaje no solamente interno, puedo llegar a pensar en un sabotaje con connotaciones políticas. Honestamente lo digo y me hago cargo”, puntualizó la legisladora.

En tanto, la diputada nacional Elisa Carrió y la dirigente Fernanda Reyes promoverán una denuncia penal contra el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y la empresa Barrick Gold, por el derrame de cianuro en la mina Veladero.