La situación del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, imputado de los delitos de asociación ilícita, cohecho y prevaricato, parece complicarse con el avance de la investigación. En las últimas horas se conoció una nueva denuncia: lo acusan de haberse quedado con un campo de 700 hectáreas a cambio de dictar el sobreseimiento de un imputado de transporte de 900 kilos de cocaína.

Así lo sostuvieron el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, en una denuncia presentada ante el juez Julio Bavio, a cargo de la causa.

 "De no ser una maniobra de cohecho, resultaría una suma de casualidades inexplicables el que el campo de un imputado de narcotráfico ante su Juzgado termine en la hermana de un empleado de esa oficina"
El texto de la denuncia

El campo en cuestión, "Finca Mollinedo" o "Puesto Mollinedo", está situado en el departamento salteño de Rivadavia. Y según los fiscales, fue puesto a nombre de la hermana del empleado de ordenanza del juzgado federal de Orán, identificado como César Aparicio.

"De no tratarse de la maniobra de cohecho descripta, resultaría una suma de casualidades inexplicables, la circunstancia de que el inmueble de propiedad de un imputado de narcotráfico en una causa que tramita ante el Juzgado Federal de Orán termine ingresando al patrimonio de la hermana de un empleado de dicho juzgado, la que cohabitaría con éste", sostuvieron los representantes del Ministerio Público en la denuncia.

Los fiscales Iglesias y Villalba pidieron la detención y la declaración indagatoria de Aparicio y de su hermana, según se desprende del dictamen presentado ante el juez federal Julio Bavio. Los hermanos Aparicio fueron apresados anoche y serían indagados hoy.

Ante las denuncias de integrar una asociación ilícita, Reynoso decidió no presentarse y recusó al juez que lo acusa, Julio Bavio.

En el expediente además del juez Reynoso están imputados y detenidos el funcionario judicial Miguel Saavedra y los abogados René Gómez (ex procurador general de Salta), Ramón Valor, Arsenio Gaona (cuñado de Reynoso) y María Elena Esper. La letrada Lucinda Segovia recuperó la libertad tras recibir la falta de mérito.

Gómez y Esper fueron beneficiados, por su edad, con una prisión domiciliaria.

"Como se señaló oportunamente, se imputa a Reynoso, en su calidad de magistrado a cargo del Juzgado Federal de Orán, haber montado, coordinado y encabezado una asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, con la capacidad para articularcciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita, que funciona en la ciudad de Orán al menos desde el 19 de marzo de 2010, dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a conductas de narcocriminalidad, que tramitaron o tramitan actualmente ante ese tribunal, tales como excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas, dispuestas al menos en las causas que a continuación se enumerarán, todo ello a cambio de dádivas y/o dinero", afirmaron los fiscales.

Frontera

Raúl Reynoso, juez federal de Orán, era considerado un emblema de la lucha contra el narcotráfico hasta la aparición de estas denuncias, que arrojaron un manto de sospecha sobre la tarea de su juzgado, que tiene a su cargo los 773 kilómetros de frontera entre la Argentina y Bolivia.