El caso de sobornos que salpica ahora a políticos de toda Latinoamérica arrancó hace casi un año en Brasil, cuando la policía de ese país detuvo a la secretaria de Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora multinacional que lleva su apellido. Él estaba detenido desde junio de 2015 en el marco del caso Petrobras, que investiga la corrupción entre las élites de poder brasileñas. Esto era diferente. Este golpe no iba contra una persona, sino contra la mismísima empresa, la joya de la corona brasileña, uno de los mayores casos de éxito de América Latina, el gigante de 128.000 empleados e ingresos de 40.000 millones de dólares que casi desde su fundación en los años cuarenta se presentaba como ejemplo de transparencia y buen hacer. Había levantado líneas de metro de Perú, carreteras en Argentina y centrales hidroeléctricas en Panamá. En Brasil es más difícil encontrar un aeropuerto, una autopista o un estadio de fútbol que no lleve su huella que al revés. Pero aquel 22 de febrero de 2016, como diría un ejecutivo meses más tarde, comenzó a salir la basura.
La secretaria, María Lucía Tavares, llevaba documentación de un departamento llamado Sector de Operaciones Estructuradas, literalmente una parte de la multinacional encargada de gestionar una impresionante red de sobornos a políticos por toda América Latina. Solo en Brasil, según calcula la policía, se gastó 320 millones de dólares en sobornos, generalmente en forma de donación para campañas electorales, para que los cargos públicos les dieran contratos de obras públicas e hincharan las facturas (la multinacional recibió así 2.250 millones de dólares desviados de los fondos públicos brasileños). Y la red no se detenía ahí. Los sobornos, distribuidos a través de una compleja red de empresas, transacciones no contabilizadas y cuentas bancarias offshore, se extendían a las principales economías de la región: por Argentina, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú. Ha salpicado al expresidente peruano Alejandro Toledo y, más recientemente, al presidente Juan Manuel Santos en Colombia. En diciembre, la multinacional aceptó pagar en un juzgado federal de Nueva York 3.500 millones de dólares, la multa más grande jamás impuesta a una empresa por un delito así.

La multa histórica fue en realidad el mal menor: se pactó dentro de un acuerdo internacional con Estados Unidos, Suiza y Brasil (tres países implicados) y servía para reducir el castigo. De la misma manera, en marzo de 2016, 77 ejecutivos de Odebrecht habían aceptado dar todos los detalles de su red de sobornos a las autoridades brasileñas y, a cambio, se reducirían los castigos por el caso. En diciembre terminaron de declarar. El contenido exacto de la que ya se conoce como La confesión del fin del mundo sigue bajo secreto de sumario en Brasil pero se rumorea que aquí el golpe será mayor. Que no hay techo a los cargos que puede salpicar, de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva o Dilma Rousseff al actual Michel Temer, pasando por muchos de quienes buscan liderar el gobierno en las elecciones de 2018. Quienes conocen el contenido de las declaraciones sostienen que la sangría no ha hecho más que empezar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

COLOMBIA
La posibilidad de que el ‘caso Odebrecht’, empresa que confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicase al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desatado un tsunami político desde el martes por la noche en el país sudamericano. La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después. (Más informacion)

BRASIL
Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018.

PERÚ
La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Además, el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido multado.

MÉXICO
Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado [mexicano]”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

ARGENTINA
En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente –hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial- se ha visto obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir. (Más información)

VENEZUELA
Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

REPÚBLICA DOMINICANA
Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, "dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles". Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es "el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos".

ECUADOR
Sobre Ecuador, la investigación llevada a cabo en el tribunal de Nueva York asegura que entre 2007 y 2016, Odebrecht hizo pagos por valor de más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

PANAMÁ
Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

Con información de Gil Alessi, Tom C. Avendaño, Joan Faus, Javier Lafuente, Ana Marcos, Lui pablo Beauregard, Raúl Tola y Carlos E. Cué.

Imagen: La sede de Odebrecht en Río de Janeiro, Brasil. YASUYOSHI CHIBA AFP