Padres plantean que los aumentos están por encima de la inflación proyectada del 17%.Defensa del Consumidor insiste que en la reserva se debe informar valores reales.
Ivanna no lo podía creer cuando leía la nota del jardín, donde asiste su nena a la sala de 4. De 2.500 pesos tendrá que pasar a abonar 3.500 por la matrícula del próximo año, y la cuota, al parecer, también se ubicaría en ese valor. Aún no sabe cómo va a afrontar este gasto que la descoloca económicamente debido a que esperaba que el colegio aumente los aranceles, pero no tanto.

"Es un incremento del 40%, mucho más que la inflación que tuvimos este año. La verdad, siempre apoyamos al colegio, nos encanta la pedagogía y vamos a seguir apostando por él, pero ellos tienen que entender también que es un aumento muy brusco para nosotros", planteó Ivanna, en referencia a un establecimiento educativo ubicado en inmediaciones de la calle Coronel Suárez al 300.

Para 2018, los colegios privados de la provincia ya están cobrando una matrícula con un 25% y hasta un 40% más cara que este año, y se estima que la suba en las cuotas mensuales rondarían entre el 22 y 25%. Los porcentajes fueron barajados por el presidente del Consejo Provincial de Educación Católica (Coprodec), Roberto Suaina, quien afirmó que "las subas no vienen de la mano de la inflación sino de la realidad de cada institución".

De acuerdo a Suaina, hay algunos colegios que comunicaron incrementos mínimos porque su realidad así lo indica, en cambio, otros lo realizan en base a diversos gastos, como refacciones, trámites, etcétera.

Para Adriana, la incertidumbre es tremenda. La madre debe reservar el asiento de su pequeña hija hasta este mes abonando el mismo valor de la inscripción 2017 (2.950 pesos) con la condición de que después debe pagar la diferencia del arancel actualizado. Es decir, no cuenta con la información completa para poder decidir si continúa o no mandando a la niña al mismo colegio. "Te exigen que pagues la reserva sin decirte realmente cuánto va a aumentar. Eso es publicidad engañosa porque después si te llevás una gran sorpresa con el aumento, no te devuelven el dinero", se quejó la mujer sobre la modalidad que emplea una institución de Caseros casi 25 de Mayo.

Al respecto, la secretaria de Defensa del Consumidor de la Provincia, Carina Iradi, señaló que "si ellos ya están haciendo el pedido de reserva para el año que viene tienen la obligación de informarle al consumidor cuánto le va a salir la matrícula y la cuota".

La funcionaria agregó que "en el último tiempo hubo un incremento notorio entre lo que se pagaba el año anterior y lo que se pasa a pagar para el año siguiente. La información no dada a tiempo (o a medias) coloca a los consumidores en situación de vulnerabilidad".

Según Suaina, los colegios privados tienen plazo hasta el último día hábil de cada año para informar los incrementos de aranceles. Lo cierto es que en muchos casos los padres directamente no tienen hasta ese día la posibilidad de pagar la matriculación de sus hijos, o la terminan pagando con intereses.

Roberto Suaina admitió que a esta altura del año es riesgoso informar de forma certera sobre un incremento, y sopesó que por lo menos los colegios que integran el Coprodec “le arrojan una tentativa a los padres” sobre los posibles porcentajes de suba.

Sin embargo, el titular del Coprodec aclaró que “por lo general se inscribe en este tiempo a los ingresantes, los que ya están en la rutina de la institución se los espera hasta febrero del año siguiente, y hasta el 30 de diciembre ya saben los nuevos valores”.

Sobre la cuestionada “reserva”, Suaina apuntó contra los padres. “Hay mucha informalidad por parte de los padres. Suelen matricular en varios colegios a los chicos, hacen reserva por las dudas en un uno, en otro y en otro. Están especulando hasta último momento y no hay una matrícula seria y la institución tiene que organizarse para el año siguiente”. 

Para Carina Iradi, titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor de Salta, esto tiene que ver con la demanda en la educación privada, una cuestión organizativa y de capacidad de cada colegio. Iradi está trabajando en un proyecto de resolución que deje en claro lo que no está tipificado en la normativa para resguardo de los padres, sobre todo en lo que se refiere a los tiempos de comunicación y que se aclare si las reservas o señas son reintegrables. 

Suaina agregó que “no tiene sentido que el colegio pida una reserva si después la va a tener que reintegrar. El objetivo es darle seriedad a la matriculación, que los padres se hagan monetariamente cargo de la decisión”. 

La ley contempla el reintegro del dinero en caso de arrepentimiento

El incremento de los aranceles de los colegios privados se rigen por el decreto provincial 4.203/99 en sus artículos 56 y 57. Estos establecen que los establecimientos fijarán aranceles en el transcurso del año anterior al período en cuestión, debiendo ser comunicado el mismo en forma fehaciente a la comunidad educativa y a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación de la Provincia.

El monto global anual de dichos servicios educativos no podrá exceder de diez cuotas (más una por inscripción) ni podrá ser modificado durante el período escolar. Solo contempla otra suba en caso de producirse un aumento en los sueldos docentes.

Al respecto, el decreto nacional 2417/93 dice que los institutos de enseñanza que reciben aporte estatal deberán informar por escrito a los padres o responsables de los alumnos, antes del 31 de octubre de cada año sobre: el importe de la matrícula de inscripción o reinscripción, en el caso que la hubiese, y condiciones de reintegro de la misma en caso de arrepentimiento. También el monto de cada una de las cuotas, que serán mensuales, iguales y consecutivas, entre otras cosas.
En tanto, los institutos privados que no gozan de aporte estatal deberán informar a los padres o responsables de los alumnos antes del 1 de octubre de cada año el contenido del contrato de enseñanza. 

Más detalles

La normativa especifica además que los establecimientos sin aportes pueden aumentar la cuota en un porcentaje igual a la mitad del porcentaje en que aumentaron los salarios que se deben pagar a los docentes. Por ejemplo, si el costo salarial se incrementó en un 10%, la cuota solo podrá ser incrementada en un 6%.

Las instituciones con aportes pueden subir la cuota un 60% del aumento otorgado a los docentes. Es decir, si el salario a sus docentes se actualizó en un 10%, la cuota podrá ser incrementada en un 5%.

Por último, los establecimientos de educación especial pueden incrementar el valor de la cuota hasta en un 70% del porcentaje en que aumentaron el salario a sus docentes. Entonces, si este fue de un 10%, la cuota podrá ascender un 7%.

Desde la Dirección de Educación Privada se destacó que ante el incumplimiento de las citadas normas y que por el contrario se perciban importes en exceso, los mismos deberán devolverse o acreditarse a favor de los padres o responsables de los alumnos.

Su titular, Silvia Romano, aseguró que en lo que va del año no recibió ninguna denuncia por excesos en la matrícula o cuotas. Ante un planteo puntual, Educación Privada, que es la autoridad de aplicación, debe iniciar un proceso para determinar si hubo irregularidad o no.

El contrato de servicios educativos también se rige por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Carina Iradi, secretaria del organismo provincial, comentó que el año pasado intervino en dos colegios, contra los que se hicieron presentaciones colectivas por aranceles excesivos, sin embargo luego se resolvieron en la audiencia de conciliación, por lo que en esos casos no se llega a sancionar y el expediente se archiva.

“Si no llegan a un acuerdo en la mediación tienen que ir a la vía judicial correspondiente, porque no somos jueces. Nosotros tenemos un alto índice de resoluciones (un 78%) porque el proveedor le tiene miedo a las multas, que de acuerdo a la ley, ascienden hasta cinco millones de pesos”, indicó Iradi.

Según la norma, la misma está sujeta al perjuicio que se le ocasione del consumidor, a la envergadura de la empresa, a los antecedentes, entre algunos parámetros. Si bien no se llegó a multar a ningún colegio en Salta, la funcionaria provincial mencionó que por lo general las sanciones de Defensa del Consumidor suelen ser apelada ante la Justicia.

gentileza diario El Tribuno