La lista negra de paraísos fiscales creada hace menos de dos meses por la Unión Europea para denunciar la falta de cooperación en materia fiscal de 17 territorios o países terceros y luchar contra la evasión fiscal tiene desde hoy ocho jurisdicciones menos. Tal y como estaba previsto, los ministros de economía y finanzas de la UE (Ecofin) han dado este martes luz verde a la decisión que deja el nuevo listado únicamente con 9 territorios. Entre aquellos que salen del listado figura Panamá, origen de uno de los escándalos –los llamamos 'Papeles de Panamá'- que ayudaron a desvelar el uso de sociedades opacas a nivel internacional para eludir el pago de impuestos.

El eurocomisario de Economía y Asuntos Financieros, Pierre Moscovici. / EFE/OLIVIER HOSLET

Junto a Panamá también abandonan la lista Barbados, Granada, la República de Corea, Macao, Mongolia, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos pasarán a partir de ahora a una lista gris, tras los compromisos políticos que han asumido sus autoridades para modificar las deficiencias identificadas por la Unión Europea y acercarlas a la legislación europea y a los estándares internacionales en materia de buena gobernanza. La decisión se basa en el análisis realizado por sus expertos de los 28 de los compromisos políticos realizados por escrito al más alto nivel político y que seguirán siendo secretos. "Para ser más creíble el proceso debe ser suficientemente transparente pero creo que sin el permiso de las respectivas jurisdicciones sería injusto revelarlos", ha valorado el ministro búlgaro y presidente de turno del Ecofin, Vladislav Goranov.

En su opinión, el acuerdo cerrado por el Ecofin demuestra que “el proceso” está siendo útil y que las jurisdicciones terceras están trabajando para reformar sus políticas fiscales. "Está demostrando ya su valor. Jurisdicciones de todo el mundo han trabajado duro para comprometerse a reformas sus políticas fiscales. Nuestro objetivo es promover la buena gobernanza fiscal a nivel global", ha añadido. “Esa es exactamente la idea de tener esta lista. Es una señal de que la lista está funcionando del modo que queríamos”, ha corroborado la ministra sueca de finanzas, Magdalena Andersson.

Bruselas pide más transparencia y sanciones
La decisión de los 28 supone un revés para el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, que ha urgido reiteradamente a los gobiernos a que hagan públicos los compromisos para que pueda existir un verdadero control democrático y que se pueda verificar a finales de año, cuando se revisará la situación, que los territorios en cuestión han cumplido. "Los medios, las ONGs y los ciudadanos deben tener un control democrático”, ha reivindicado el francés que defiende también un sistema de sanciones creíble a nivel europeo y nacional. “Estos países tienen que pasar de las palabras a los hechos y respetar la legislación. Si no lo hacen de aquí a finales de año regresarán a la lista negra y se enfrentarán a sanciones”, ha avisado Moscovici.

Países como España -también Francia- comparten la idea de que los compromisos deben hacerse públicos, según ha asegurado el ministro español, Luis de Guindos, que considera que cuantos menos países haya en la lista negra significa también que el proceso es el adecuado. El titular de economía español discrepa, sin embargo, sobre la urgencia sobre las sanciones. “España no está en contra pero tenemos que ver si tenemos capacidad. Lo peor es anunciar sanciones y luego ver que no se tiene capacidad para aplicarlas”, ha explicado tras la reunión del Ecofin.

La decisión de este martes deja a la primera lista negra creada por la UE con solo 9 jurisdicciones de las 17 iniciales incluidas el pasado 5 de diciembre: Samoa americana, Bahráin, Isla de Guam, Islas Marshall, Namibia, Palos, Santa Lucía, Samoa y Trinindad y Tobago. La lista será revisada una vez al año aunque los expertos del grupo del Código de conducta pueden presentar recomendaciones de actualización en cualquier momento. Los 28 también han anunciado que en febrero remitirán sendas misivas a las ocho jurisdicciones del Caribe que se vieron afectadas por huracanes en septiembre de 2017 para que se comprometan también a solucionar las deficiencias detectadas por la UE.