El objetivo de la presente ley es definir los lineamientos de política educativa para la formación docente del sistema educativo local, a fin de jerarquizar y valorizar la formación docente en un todo de acuerdo con la normativa federal y nacional aplicable, así como las facultades que a esta Legislatura le confiere la Constitución de la Ciudad", dice uno de los párrafos de los extensos y puntillosos considerandos elaborados en la comisión legislativa de Educación.
La norma aprobada tiene 30 artículos, su carátula es: "Ley de la Formación Docente del Sistema Educativo y Creación de la Universidad de la CABA" y se estructura en tres títulos denominados: De la Formación Docente, Del Planeamiento, Evaluación, Información Estadística y Acreditación de la Formación Docente; y de la Universidad de la CABA.

La UniCABA va a diseñar e implementar planes de estudio de carreras de pregrado, grado y postgrado; garantizará "igualdad, gratuidad y equidad" en el derecho de enseñar y aprender y dictará su Estatuto.

DETALLES

- Se crea una nueva universidad de formación docente, UniCABA, que va a coexistir con los ya existentes institutos de formación docente o profesorados. Así, quienes quieran formarse para docentes podrán elegir entre esta universidad pública y la oferta de los terciarios, públicos y privados.

- La nueva UniCABA se organizará durante 2019. En los primeros meses del año próximo serán nombrados el rector normalizador y el equipo de conducción, que deberán elaborar el proyecto institucional y seguir los trámites de habilitación. Las primeras inscripciones arrancarían en el segundo semestre de 2019 y los primeros estudiantes empezarían a cursar en 2020.

- Se iniciará también un proceso de evaluación de los profesorados. Crearán la primera agencia de evaluación -con participación de los profesorados- que tendrá como misión definir los indicadores, estándares y métricas de las pruebas. Esta agencia la dirigirá Mariano Palamidessi, actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay.

- Los institutos privados no estarán obligados a usar el sistema informático de administración que también establece el proyecto, al que sí deberán adecuarse los 29 profesorados estatales. Esta plataforma digital permitirá a las autoridades conocer la cantidad de alumnos y docentes que tienen los profesorados. Los profesorados privados podrán seguir usando sus sistemas, siempre que envíen a las autoridades los datos requeridos: esta información es clave porque la matrícula está ligada a los subsidios.
- Los legisladores opositores cuestionan el proyecto. Aseguran que recurre a argumentos de jerarquización y modernización, pero en realidad busca destruir lentamente los profesorados públicos, al desarticularlos y desfinanciarlos con la creación de una universidad. Para los expertos consultados por Clarín, este proyecto es mejor que el primer borrador presentado el año pasado, pero apuntan que la conflictividad y la falta de diálogo hicieron que se perdiera la oportunidad de construir una iniciativa con mayor consenso.