Los centros educativos de la Comunidad Valenciana procurarán que los estudiantes de entre seis y 16 años hagan la mayor parte de las actividades de aprendizaje dentro del horario lectivo y no se tengan que llevar tarea para casa. Así lo establece la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia que ha aprobado la Generalitat, la primera norma en toda España que entra a poner límites a los deberes. La ley, en vigor desde ayer, otorga a los menores la consideración de ciudadanos «de pleno derecho» y proclama que «todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento esencial para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización». También tienen derecho los críos, según esta norma, a «participar en actividades de ocio educativo» o de tiempo libre fuera de la enseñanza reglada y del ámbito familiar. En el artículo 69 queda recogida la «contribución» de colegios e institutos para garantizar que se cumpla ese «derecho al desarrollo a través del ocio y del deporte»: «Durante las etapas de educación obligatoria se procurará que la mayor parte de las actividades de aprendizaje programadas puedan realizarse dentro de la jornada lectiva, de manera que las que tengan que realizarse fuera de ella no menoscaben el derecho del alumnado al ocio, al deporte y a la participación en la vida social y familiar».

El articulado dice que los centros educativos «procurarán», es decir, no obliga categóricamente a ello, pero la norma es relevante porque el derecho al ocio de los niños queda por encima de la obligación de hacer ejercicios. Además, es la primera vez que una ley -autonómica o nacional- aborda las tareas escolares, después de que los parlamentos regionales de Madrid, Cantabria, Murcia o Canarias hayan aprobado ya recomendaciones en este sentido.

España, entre los países con más deberesEl Congreso de los Diputados también instó al Gobierno en 2016 a regular los deberes por ley con el fin de «reconocer el derecho a disponer de forma efectiva del tiempo libre del niño o la niña» y «garantizar que las tareas respeten el tiempo y las necesidades» de los estudiantes.

Ciudadanos fue el primer partido en abrir este melón. Su idea no iba tanto por la vía de prohibirlos, sino por abrir una reflexión y racionalizar los tiempos escolares de forma más homogénea.

La propuesta de la Cámara Baja fue crear una mesa de trabajo entre el Consejo Escolar del Estado y la Conferencia Sectorial de Educación para consensuar posturas, algo que nunca se ha llegado a hacer. El entonces ministro Íñigo Méndez de Vigo, no era partidario de regular la cuestión pues consideraba que pertenecía a la autonomía de los centros. Su sucesora, Isabel Celaá, no se ha pronunciado al respecto. Los deberes han sido objeto de todo tipo de reivindicaciones por parte de asociaciones de padres, que hasta han llegado a protagonizar huelgas contra ellos.

Hay expertos, como el Colegio de Pedagogos de Cataluña, que creen que estas actividades se deben racionalizar, pero no regular. La percepción de muchos padres, sin embargo, es que hay un exceso de ejercicios y actividades. Los currículos se hicieron más extensos con la Lomce y eso ha llevado a que a los profesores no les dé tiempo a impartir todo el temario. Por eso en ocasiones se manda para casa lo que no da tiempo a abordarse en clase. Según la OCDE, España es uno de los países que más deberes pone. La opinión de este organismo internacional es que «son una carga para los alumnos con desventajas socioeconómicas», que tienen menos recursos para hacerlos en condiciones.