El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con las cámaras de colegios privados que contiene "una pauta de aumento que pretende establecer un mecanismo hasta junio que no supere la meta inflacionaria".
El Gobierno prorrogó hasta fin de este año la eximición que gozan las instituciones privadas de enseñanza del pago de contribuciones patronales, a través del decreto 69/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con las cámaras de colegios privados que contiene "una pauta de aumento que pretende establecer un mecanismo hasta junio que no supere la meta inflacionaria".
 

Este acuerdo "nos permite bajar hasta más de la mitad el aumento de inicio en 16,38% y a partir de ahí recorrer un sendero de 3,35% hasta junio", anunció Massa.

Junto con esto, Massa anticipó que buscará un acuerdo con todas las jurisdicciones para que los colegios privados paguen los servicios de luz y gas bajo un esquema similar al que existe para los clubes de barrio, enmarcado en la tarea social que realizan.
Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció que dieciocho provincias adherirán al tope de aumentos en las cuotas de los colegios privados acordado por el Gobierno.

Desde 2001 y en sucesivas oportunidades se viene eximiendo por decreto a los colegios privados de los aportes patronales.

En diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública estableció entre otras cuestiones nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximió a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta fin de 2020, y facultó al Poder Ejecutivo a prorrogar la eximición, lo que se hizo por decreto en 2021 y 2022.
 

En esta oportunidad, el Gobierno destacó que “el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”.
 

Además indicó que de no prorrogarse la eximición “se produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones, el que sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente”.

En ese sentido, subrayó que “el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los y las docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.

Por otra parte, señaló que “en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”.

“Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino”, concluyó el decreto.