La investigación por la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años que recibió un balazo durante el operativo del Grupo Albatros en la ocupación mapuche de Villa Mascardi, avanza con distintos peritajes y declaraciones testimoniales, si bien en la causa aún no hay imputados y todavía no se realizó inspección ocular en el predio.

Según pudo conocer, una de las pericias en marcha más relevantes es la que se realiza en el Centro Atómico de Bariloche, donde se busca detectar si los uniformados que participaron del operativo tenían rastros de pólvora. Según diversas fuentes con acceso al expediente, hay 21 prefectos a los que se le secuestraron las armas tras el operativo. Pero solo a ocho se les tomó fotografías, se les secuestró su uniforme, se realizó un hisopado subungueal (en las uñas) y se les tomaron muestras en las manos con cintas reactivas de carbono para detectar si hay restos de nitrato.

Los prefectos no están imputados formalmente, pero están sometidos a proceso y fueron notificados del inicio de la causa.

Los mismos peritajes en busca de rastros de pólvora se realizaron con los dos mapuches detenidos, Fausto Jones Huala y Lautaro González, que permanecieron en prisión durante cuatro días y fueron dejados en libertad por el juez del caso, Gustavo Villanueva.

La fiscal de la causa, Silvia Little, apeló la excarcelación de los jóvenes, por considerar que existe peligro de fuga y de fuego, ya que aún no está claro si hubo, o no, un fuego cruzado entre la fuerza de seguridad y la comunidad.

En el expediente se busca determinar si los ocupantes del predio estaban armados y dispararon al Grupo Albatros. Las querellas de la familia del joven asesinado y los abogados defensores de los mapuches detenidos afirman que "el expediente dice claramente que no había armas de fuego en posesión de la comunidad". El Gobierno, en cambio, insiste en que la tesis del "fuego cruzado" y de que la "militarización" de los mapuches está debidamente probada.

"Estamos tranquilos porque el juez ya está en posesión de pruebas que acreditan que la comunidad tenía armas de fuego y que respondió con disparos", manifestaron desde la cartera que conduce Patricia Bullrich .

En el expediente consta un relato de dos uniformados que describieron un enfrentamiento con armas de fuego en lo alto de la montaña. También hubo un llamado al 107, presuntamente de un prefecto, avisando de la presencia de heridos y se busca estipular el autor.

Además, el Ministerio de Seguridad le acercó un parte al juez que señaló: "Los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego de grueso calibre. El grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares, que sumados a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento".

Por ahora, la autopsia determinó que Rafael Nahuel murió por un balazo de un arma 9 mm que le ingresó por un glúteo y comprometió órganos vitales. La querella de la familia de Rafael Nahuel en las últimas horas pidió que la causa cambie de carátula. Hasta ahora el expediente es por "NN/sobre muerte dudosa", pero los familiares reclamaron que se pase a "homicidio calificado".

En tanto, otros dos mapuches, Micaela Johana Colhuan y Gonzalo Coña, fueron heridos presuntamente de atrás hacia adelante, de acuerdo al relato (extrajudicial) de Ramón Chiocconi, el médico especializado en rescate de montaña y concejal por el FPV que ingresó inmediatamente después de finalizado el operativo y brindó los primeros auxilios.

En la causa declaró como testigo un playero del Automóvil Club Argentino (ACA) que fue convocado para presenciar la requisa que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le hizo al Grupo Albatros, que depende de Prefectura. El testigo debió describir qué armas le fueron secuestradas a la fuerza y qué tipo de munición tenían. Fuentes con acceso a la investigación aseguraron a este medio que el testigo dijo ver cargadores incompletos en las armas.

También declararon dos médicos que llegaron en la primera ambulancia a brindar asistencia. Según fuentes con acceso al expediente, rechazaron haber atendido a uniformados heridos por armas de fuego.

Se espera que en las próximas horas el juez ordene el ingreso al predio para realizar una inspección ocular que permita rastrillar restos de pólvora e impactos de bala en los árboles del predio, entre otros puntos. La escena ya fue dañada por el pase de los días y porque los mapuches levantaron muchos casquillos de bala.

Hasta ahora el juez dejó en suspenso esa medida porque, en un principio, se creía que habría resistencia de la comunidad. Luego, los mapuches pusieron de manifiesto que aceptaban la inspección para esclarecer la muerte de Rafael Nahuel, pero los eventos preparatorios del G-20 volvieron a postergar el operativo.